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Igualmente, tendrán inhibición para gravar y vender bienes, suspensión como beneficiario de planes sociales e impedimento para renovar documentos de carácter personal, como la cédula de identidad, y pasaporte, hasta tanto no paguen la multa.
El proyecto establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral deberá certificar documentadamente el incumplimiento del deber de sufragar.
El legislador argumentó que en un estado democrático, la ciudadanía no puede desentenderse de la dirección política del Estado, sino que debe involucrarse como mínimo eligiendo a sus legítimos representantes.
Destacó que el voto obligatorio constituye un deber irrenunciable de la ciudadanía.
Apuntó además que es importante subsanar la deficiencia jurídica que existe actualmente, ya que la obligatoriedad del voto está anulada por la falta de una pena bien establecida.
La reglamentación para aplicar esta ley quedará a cargo del TSJE, estableciendo causales de justificación y eximición de sanciones.