En el centro financiero número 1 de las Fuerzas Militares (FF.MM.), en un control somero, encontraron que varios de los documentos solicitados como requisitos para acceder al pago por escolaridad estaban viciados, según nos explicaron. Numerosos militares -una fuente inclusive habla de centenares- quisieron avivarse para cobrar en forma irregular este subsidio al presentar documentos vencidos, como cédulas de identidad y certificados de inscripción en las escuelas, además de otros papeles, todo para percibir dinero público a nombre de hijos fuera del periodo escolar y en otros casos por niños que no eran suyos.
El subsidio es de G. 700.000 por hijo, hasta tres, por cada personal militar, y se efectiviza una vez al año.
En las FF.MM. nos habían indicado que toda la documentación fue devuelta al Ejército, que comanda el Gral. de División Adalberto Garcete Martínez, para su depuración y que este trabajo iba a llevar su tiempo porque en esta fuerza castrense los beneficiarios llegan casi a 8.000. En las demás fuerzas, como la Armada y la Aviación, ya cobraron.
A nivel de las Fuerzas Armadas, el tema está generando diversos comentarios. Por un lado están los que se quejan por el atraso en el pago del aporte estatal, mientras otros exigen que el hecho no quede impune. Algunos sostienen que Fuerzas Militares, cuyo jefe es el Gral. de Ejército Felipe Benicio Melgarejo, debe derivar todos los antecedentes a la Justicia Militar, para que este organismo investigue, identifique a los responsables de un intento de estafa al Estado y los sancione. Argumentan que en el ámbito castrense las reglamentaciones son duras y solo el intento de algo irregular, como fue este caso, se penaliza severamente.
Otros indican que la cúpula militar está con la intención de minimizar el caso y que quede en la nada. Un elemento llamativo es el informe que divulgó comunicación social de Fuerzas Militares que solo habla de que por “razones administrativas” se retrasa el beneficio. Señala que constataron que los requisitos “no han sido cumplidos en su totalidad” y que van a ser subsanadas para evitar “mala utilización del presupuesto”.