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El ministro Bestard argumentó que decidieron excluir de la planilla de pago a todos los funcionarios que hasta el 17 de este mes no cumplieron en presentar sus declaraciones de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República.
“Hemos dado instrucciones a la Dirección de Administración y Finanzas para que todas aquellas personas que no lo hicieron en tiempo a pesar de haber sido notificadas, desde hoy estén fuera de la planilla de pagos”, señaló el ministro.
La disposición afecta a 153 funcionarios permanentes y 142 funcionarios contratados, que ya no figuran en la planilla de pagos por haber incumplido la disposición legal. “No van a cobrar su sueldo hasta que no subsanen este problema. No es un despido, lo que no podemos hacer es pagarle sin haber dado cumplimiento a la presentación de la declaración jurada, es responsable el presidente y la directora de administración y finanzas, Liliana Benítez”, indicó.
Bestard manifestó también que en este caso no piensa pagar de su bolsillo por gente que no ha dado cumplimiento con la exigencia señalada en la normativa correspondiente, que no solo multa al administrador y al ordenador de gastos, sino también a los funcionarios en falta.
La Ley
La Ley 5033 de declaración jurada de bienes y rentas señala en su artículo 16 que el contralor general de la República sancionará a los sujetos obligados a presentar su declaración jurada de bienes y rentas. Por ejemplo, a aquellos que no presentaren su declaración jurada dentro del término legal. En este caso se aplicará una multa de 300 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas en la capital; cesantía, según el caso, e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de 10 años.
Para el caso de aquellos funcionarios que no presenten los documentos e información adicional requeridos por la Contraloría dentro del plazo fijado, la multa será de 200 jornales mínimos y una inhabilitación para ocupar cargos públicos también por 10 años.
Para el caso de los responsables de las instituciones u ordenadores de gastos, estos serán sancionados con una multa de hasta 500 jornales mínimos y cesantía con inhabilitación de ocupar cargo público, por el término de hasta 10 años, según la gravedad de la falta, si autorizan el pago del primero o del último salario, sin la presentación de la declaración jurada obligatoria.
Planilleros
El titular del TSJE señaló que esta situación les permitirá indagar a profundidad si existen planilleros en la institución. “Para subsanar esta deficiencia deberán presentarse a un sumario interno que vamos a hacer con participación de la Contraloría y mientras eso no se resuelva, no van a poder cobrar sus sueldos, esa es una decisión que considero es importante para sanear un poco algunos problemas que hay en la institución”, aseveró.
Grado de cumplimiento
Según datos que maneja la Contraloría General de la República, la Justicia Electoral cuenta con 8.000 funcionarios permanentes y contratados. De esta cifra solo el 4% incumplió con la Ley que Reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que dispone la obligatoriedad de la presentación de bienes y rentas, activos y pasivos. La normativa promulgada finalmente el año pasado, gracias a la presión ciudadana.