Justicia se presta a maniobras de Víctor Bogado para evitar su juicio

El senador colorado Víctor Bogado recurre a todo tipo de maniobra para evitar un juicio oral y público. La justicia, lejos de sancionar las dilaciones promovidas por el legislador por la ANR, se muestra muy complaciente. Primero, una Cámara de Apelaciones anuló la resolución por la cual un juez dispuso que el parlamentario vaya a audiencia pública. Ahora se sospecha que se designó a un magistrado a medida para la nueva audiencia preliminar.

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Bogado y los otros acusados en el proceso recurrieron a todo tipo de chicanas para evitar la realización de la audiencia preliminar. Finalmente, en diciembre del año pasado, el juez Julián López llevó a cabo la diligencia y ordenó que el parlamentario y los demás involucrados afronten juicio oral por estafa y cobro indebido de honorarios.

Luego, la Cámara de Apelaciones, integrada por Emiliano Rolón Fernández, Carlos Ortiz Barrios y Mirtha González de Caballero, anuló la resolución del juez López, y de esta manera el Tribunal se prestó a la maniobra de Bogado, que lo que busca es dilatar la causa.

El expediente bajó a primera instancia y se realizó el sorteo para saber quién es el nuevo juez que tendrá a su cargo la audiencia preliminar, en la que una vez más se analizará la acusación.

Sugestivamente, el “sorteado” fue el magistrado Óscar Delgado, quien es amigo de la exmodelo Zuni Castiñeira, quien a su vez sería amiga y en su momento socia comercial de Bogado, cuando este era director de Conatel.

La designación de Delgado generó dudas y comentarios. Se dijo que de esta manera la justicia allana el camino para la impunidad del legislador colorado, ya que supuestamente el nuevo juez rechazaría la acusación que el Ministerio Público formuló contra el parlamentario colorado.

Lo cierto y lo concreto es que hasta ahora Bogado consiguió dilatar su proceso y es evidente que la justicia se presta a ello. Incluso, la Corte hace la “vista gorda” a las críticas y cuestionamientos de la ciudadanía al Poder Judicial con respecto al manejo de los procesos en los cuales están involucrados los políticos, como Bogado, Enzo Cardozo (senador liberal), José María Ibáñez (diputado colorado), entre otros. Según la acusación, Bogado pidió verbalmente al entonces director de la Itaipú, Franklin Boccia, la contratación de tres funcionarias, entre ellas Quintana Venialgo, y luego “insistió” en su solicitud. Para ello, encomendó la tarea a Pérez, su jefe de gabinete de la Presidencia de Diputados.

El senador realizó esto a sabiendas de que la mujer estaba nombrada en la Cámara Baja, con un salario de G. 13.237.400, desde el 2010, ya que era “contratada” desde el 2008.

“La contratación y percepción de doble remuneración simultánea fue posible porque el entonces Diputado Nacional Víctor Bogado, en su carácter de presidente de la H. Cámara de Diputados, por nota N° 4446 del 5 de marzo de 2013, presentada el 8 de marzo de 2013, solicitó al director paraguayo de la Itaipú Binacional la comisión de Gabriela Quintana Venialgo, “funcionaria permanente de la Itaipú”, para prestar servicios en la Cámara de Diputados hasta el 31 de diciembre de 2013”, alegan.

Políticos presionan

Los políticos de distintos partidos ejercen una fuerte presión sobre la justicia, para que los jueces dicten los fallos de acuerdo a los intereses de sus afiliados procesados por hechos de corrupción.

La más contaminada por la injerencia de los legisladores es la Corte, en donde la continuidad de los ministros en el cargo depende de los senadores y diputados.

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