Justifican rechazo de ley en Senado

El senador liberal Miguel A. Saguier justificó ayer el archivamiento de la ley que reglamenta la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos, al sostener que se respetó el mecanismo legal. Defendió también el rechazo, señalando que establecía obligaciones a personas que no eran funcionarios.

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Saguier, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional, apuntó que, para que se produzca la sanción automática de una ley, una vez cumplido el plazo para su consideración en una de las cámaras, debe mediar una comunicación escrita de la otra cámara, como lo establece el artículo 211 de la Constitución. Destacó que en el caso de la ley que reglamenta la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos no ocurrió tal cosa. Indicó que la comunicación de la Cámara de Diputados se produjo luego de que el Senado ya lo haya tratado.

La normativa, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, tuvo origen en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores lo rechazó en primera instancia, pero la Cámara Baja se ratificó en su aprobación. El Senado tenía como último plazo el 5 de abril para considerarlo, pero no lo pudo tratar en su sesión ordinaria del día anterior a esa fecha por falta de quórum. Una semana después, el presidente Jorge Oviedo Matto (Unace) lo volvió a incluir en el orden del día y la normativa fue rechazada y archivada.
Posteriormente, Víctor Bogado, presidente de la Cámara de Diputados, comunicó al Senado que la ley había tenido sanción automática. Sin embargo, de hecho la ley sería archivada.

Saguier dijo que el Senado trató la ley basándonse en que no existía aún comunicación por escrito de la Cámara Baja sobre el vencimiento.

En cuanto al motivo por el cual se dejó el tratamiento a último momento en el Senado, dijo que se debe consultar al presidente de la cámara, que es el encargado de administrar la inclusión de proyectos en el orden del día. Al respecto, apuntó también que las comisiones tienen un plazo de 30 días para tratar los proyectos de leyes que les son remitidos y que, si no los cumplen, deben justificarlos y pedir una prórroga.

Saguier destacó además que su comisión dictaminó por el rechazo debido a que obligaba a terceros que no son funcionarios públicos a poner en conocimiento de la Contraloría sus bienes por ser familiares de funcionarios. El senador liberal consideró que eso era excesivo y que en todo caso se debían buscar otros mecanismos para investigar bienes de los funcionarios públicos puestos a nombre de otros.

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