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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), cuyo titular es Jaime Bestard (ANR, cartista), convocará el martes a las 10:00 a elecciones internas para el 17 de diciembre y generales y departamentales para el 22 de abril de 2018.
Para el acto en su sede central fueron invitados el presidente Horacio Cartes; el titular del Senado, Fernando Lugo (FG); el titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR) y el presidente de la Corte Suprema, Luis Benítez Riera. Dicho acto se convertirá así en una breve “cumbre de poderes”, actividad que había sido solicitada por el senador Lugo y el sector campesino.
Recientemente Bestard ya se había reunido con Lugo y Alliana, a quienes solicitó una ampliación presupuestaria de US$ 9 millones para este ejercicio fiscal a ser usados en la organización de los comicios internos y generales. Este año, el presupuesto del ente fue de US$ 90 millones.
Diputaciones en rotación
En cuanto a la cantidad de bancas de la Cámara Baja que corresponderá a cada departamento, se dará a conocer la nueva distribución tomando en consideración la densidad electoral y lo establecido en la Constitución Nacional.
Según trascendió, Asunción perdería una de sus ocho representaciones al igual que el departamento de Paraguarí, que ahora tiene cuatro diputados. Por otro lado, el departamento Central sumaría una banca más a sus 19 curules al igual que Alto Paraná, que ahora tiene ocho.
Sin desbloqueo ni enmienda
Con la convocatoria oficial también se cierra así la posibilidad de cualquier cambio en el Código Electoral. Meses atrás, el acuerdo político Lugo, Cartes y el senador liberal Blas Llano intentó de manera inconstitucional introducir la reelección vía enmienda, pero el proyecto terminó no solo con el atropello a la Carta Magna sino con heridos graves, el atraco sin orden judicial del PLRA y el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Tampoco podrá entrar en vigencia el proyecto de desbloqueo de listas sábana con urnas digitales, cajoneado en el Congreso. Asimismo no se podrá controlar el origen del dinero para el financiamiento político a las campañas y candidatos, lo que da luz verde para los “narcofondos”.