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La acusación se aprobó el 10 de diciembre de 2014 en la Cámara de Diputados y fue cajoneada en el Senado hasta el 6 de abril de 2016 cuando se presentó el libelo acusatorio contra Blanco. Como no había votos para removerlo, fiscales imputaron al magistrado por prevaricato.
En setiembre de 2016, el titular del PLRA y entonces precandidato presidencial Efraín Alegre llamó a la convención para blindar a los tres ministros.
Todos los senadores liberales pidieron retirar el juicio político. Por otro lado, se oponían al proceso algunos colorados disidentes; las bancadas del Frente Guasu; Avanza País y el PDP. El argumento era que el cartismo impulsaba el juicio para instalar a jueces propios. Cartistas, disidentes, oviedistas y Eduardo Petta estaban a favor del enjuiciamiento.