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Vilmar y Joel Eisen son propietarios legítimos de una propiedad de 1742 hectáreas, en el distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa.
El documento de propiedad que poseen es incuestionable: tiene mensura judicial, está inscripto en el Registro General de la Propiedad y la cuenta catastral corresponde a la finca.
Sin embargo, el 28 de julio pasado fueron desalojados.
Lo que está sucediendo con la familia Eisen es un absurdo jurídico, pero el desalojo no es casual, es resultado de una serie de maniobras previas que culminaron con un acto ilegítimo.
Jueces y camaristas de Encarnación se ocuparon de dar visos de legalidad al desalojo para cumplir con la formalidad del proceso judicial.
En el expediente se puede seguir los pasos previos que culminaron con el despojo de una propiedad.
La estafa procesal pudo lograrse con la participación de varios actores. Existen fundadas sospechas de que Luis Aníbal Schupp, Nivaldo Ourikes Kestring y Ricardo González Forcado serían responsables de las maniobras previas.
Los jueces involucrados en el proceso son Juan Casco Amarilla, Luis Royg, Miguel Ángel Vargas y César Cáceres.
Casco Amarilla libró la orden de desalojo y los camaristas Royg, Vargas y Cáceres legalizaron el despojo al ordenar la entrega de llaves a una persona que fue inquilina de la tierra comprada por los Eisen, María Magdalena Vda. de Dirks.
Los jueces tienen una especial habilidad para adaptarse a los vientos que soplan y según el apoyo que podrían tener dan los pasos en falso.
El poder político que estaría dando respaldo se tiene en la figura del diputado Mario Cáceres, cuñado del abogado Ricardo González Forcado, representante legal de Luis Aníbal Schupp.
Lo grave de la trama es que se acusa al mismo vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, de estar involucrado en el robo de la propiedad de los Eisen.
No existe el crimen perfecto: cometieron un error garrafal que permite seguir el hilo de esta estafa procesal. Es el tema de nuestro próximo artículo.
roque@abc.com.py