Cargando...
El presidenciable del Partido Colorado habló ayer por primera vez con los periodistas tras el polémico acuerdo constitucional que se consumó en la sesión del Senado el jueves pasado, a la exfiscala antisecuestro Sandra Quiñónez, designada nueva fiscal general del Estado.
En una rueda de prensa en la sede de la Junta de Gobierno de la ANR, Marito alabó, primeramente, el perfil de la fiscala Quiñónez y destacó su trabajo en el Ministerio Público.
Marito deseó “el mayor de los éxitos” a Quiñónez y señaló que la fiscal general le tendrá “como aliado en la lucha contra la corrupción”.
Según el presidenciable de la ANR, no existió “un pacto para la impunidad” y si así fuese, Quiñónez le tendrá en “la vereda de enfrente”.
Las palabras de Marito distan del entonces precandidato a la presidencia, que en plena campaña para las internas del 17 de diciembre, cuestionó el proceso de selección del Consejo de la Magistratura para la Fiscalía General y aseguró que no acompañaría ninguna terna.
“Se pretende conformar una mayoría que luego garantice impunidad mediante un fiscal hecho a la medida del poder de turno”. Así había cuestionado la terna conformada en ese entonces por el cuestionado exfiscal general Javier Díaz Verón, Sandra Quiñónez y Victoria Acuña. Cartes optó por Quiñónez y envió el nombre a la Cámara de Senadores para el acuerdo.
Por otra parte, Marito negó ruptura en la bancada de Añetete en el Senado, pero lamentó la falta de cohesión para el acuerdo a Quiñónez. Sí admitió molestia de “algunos senadores”.
El acuerdo para la fiscalía general dividió la bancada de Añetete en el Senado que posee nueve integrantes: siete se retiraron de la sesión y dos se quedaron: Enrique Bacchetta y Óscar Salomón.
El senador Juan C. Galaverna acusó a la bancada cartista de traicionar un pacto para postergar el estudio del pedido de acuerdo para Quiñónez.
Juró sin decreto
De acuerdo con los datos, Sandra Quiñónez juró ante el Senado como nueva fiscala general del Estado sin que el presidente Horacio Cartes haya emitido el decreto de nombramiento, lo que constituiría una ilegalidad pero nadie accionó.