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Los asesores legales de los militares presos agotarán las instancias locales para recurrir, eventualmente, a la corte internacional, con sede en San José, Costa Rica, según indicaron ayer Nelly Cortesi y el suboficial principal (SR) Juan Carlos Mereles, presidenta y secretario general, respectivamente, de la Coordinadora de Familiares de la Fuerza Pública.
Esta entidad sesionará mañana para tomar nuevas medidas en el reclamo que está haciendo para la liberación de los detenidos.
El argumento de la coordinadora es que los militares fueron juzgados y encarcelados bajo leyes castrenses que no tienen vigencia, porque nunca fueron publicadas en la Gaceta Oficial. Se refieren al Código Penal Militar, la Ley Orgánica de los Tribunales Militares y el Código de Procedimiento Penal Militar.
El Ejecutivo, en una respuesta al Congreso el viernes último, se ratificó en que las citadas normativas fueron publicadas en la revista Cerro Cora y la imprenta militar. El jueves pasado miembros de la coordinadora de familiares se encadenaron en la sede de la Justicia Militar. Al mismo tiempo, seis de los militares presos iniciaron una huelga de hambre, medida que seguían ayer. Cortesi informó que los huelguistas desde el sábado se niegan a ser inyectados por médicos castrenses, porque sospechan que puede ser una maniobra para desacreditar la medida de fuerza. Cinco de los presos fueron condenados por el caso del robo en la Aviación.