Negociado de US$ 1 millón en alquileres para TSJE

La Justicia Electoral alquila más de 200 locales a través de intermediarios que sobrefacturan el precio de arrendamiento, según comprobaron nuestros corresponsales. El llamado a licitación se hizo a inicios de este mes y sugestivamente se presentaron solo dos empresas, Heidecom y Montelindo, cuyos propietarios son hermanos: Roberto Arana (27) y Laura Arana (25). El primero recibirá US$ 528.000 y la mujer US$ 538.000 por parte del TSJE, aunque estos serían solo prestanombres, pues la joven tiene como principal actividad económica la venta al por menor de electrodomésticos, según la Subsecretaría de Estado de Tributación.

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La Justicia Electoral tiene presupuestado para este año G. 4.802 millones para el alquiler de oficinas y es la institución que más dinero destina para este rubro, según Contrataciones Públicas. Esto no sería casualidad, pues corresponsales de este diario comprobaron que los precios de algunos sitios arrendados no condicen con los precios de referencia de la zona.

Un claro ejemplo es lo que ocurre en el distrito de Unión, departamento de San Pedro, donde la Justicia Electoral ocupa una modesta casa para el Registro Electoral por la cual paga G. 1.232.000, una fortuna, atendiendo la zona, ubicada a casi 200 km de la capital departamental. Nuestro corresponsal Sergio Escobar conversó con el propietario de la vivienda, quien pidió la reserva de su nombre. Este señaló que alquila la casa por solo G. 280.000 al mes, por lo que la Justicia Electoral está subalquilando mensualmente a Laura Arana por G. 952.000 más del precio real. Y esto es en una de las 208 viviendas que el TSJE alquila. G. 18 millones por casa La empresa Heidecom SA, de Roberto Arana, alquila a la Justicia Electoral una antigua casa en Paraguarí, para las oficinas de los juzgados electorales. La facturación de la citada firma por el arrendamiento es de G. 18 millones por mes y tiene contrato hasta diciembre, por lo que recibirá G. 180 millones. El corresponsal de ABC Catalino Ibarra manifestó que en la zona los alquileres de casas nuevas no superan los 5 millones por mes.

En la ciudad de Concepción, el organismo electoral también paga G. 18 millones por mes por el alquiler de una casa y una oficina, para el tribunal electoral y los juzgados, respectivamente. El monto es más que exagerado, pues el arrendamiento de una vivienda grande está entre G. 1.500.000 y
G. 3.000.000, según el reporte de nuestro corresponsal Aldo Rojas, tras consultar con varias empresas inmobiliarias y particulares.

El negocio del arrendamiento de los dos locales en Concepción fue adjudicado a la empresa Montelindo, de Laura Riquelme, que facturará al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) un total de G. 2.424.240.000 por el alquiler de 105 locales, casi todos con precios inflados.

Estado no verifica si los montos son acordes

Solo en 2012, el Estado gastó más de G. 85.000 millones en alquiler de inmuebles. La institución que más pagó es Justicia Electoral. Actualmente no existe una política para el control de los recursos públicos. Por ejemplo, para verificar si el monto es acorde al precio de mercado o si sería más barato adquirirlo. También se desconoce si el lugar es acorde a las necesidades del ente y si efectivamente lo usa. Hoy en día las instituciones del Estado que desean alquilar un inmueble hacen arreglos con el propietario, para luego realizar el proceso protocolar para el pago correspondiente, a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Inflan 10 veces más en Caacupé

La empresa Montelindo SA, de Laura Arana, alquila en Caacupé para la Justicia Electoral 6 salones de un edificio para los tribunales y juzgados electorales del departamento de Cordillera. La firma le factura al organismo electoral G. 18.400.000 por mes por el arrendamiento del sitio; sin embargo, el costo real del alquiler es de solo G. 1.800.000, informó ayer la corresponsal de ABC en el departamento, Desiré Cabrera, que conversó con un encargado del edificio y este pidió la reserva de su identidad. La firma Montelindo estaría subalquilando al TSJE con un precio inflado en un 10 veces más, según se sospecha.

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