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En abril de este 2014, la fiscalía a cargo de René Fernández logró peritar la computadora del camarista Delio Vera Navarro, en el marco de una investigación por la liberación del narcotraficante Damián Delvalle, conocido como “el rey de la marihuana”, ocurrido el 13 de mayo de 2011.
Sin embargo, se hallaron más cosas de lo que la fiscalía esperaba, como ser escritos que hacían referencia a otros procesos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero. Uno de ellos estaba relacionado al juicio denominado Zafiro (consistía en tráfico de marihuana hacia Chile), y otro que estaba en pleno desarrollo que tenía como principal protagonista a Jarvis Pavão.
Los negociables
En el caso Zafiro, el memorando mencionaba que para estudiar el recurso de casación se debe integrar la sala penal con los ministros Víctor Núñez y Miguel Bajac. El tiempo estimado para estudiar era de dos meses y el costo era de 30.000 dólares “por adelantado”, en un primer paso.
El segundo paso a dar consistía en declarar la admisibilidad de la casación por otro pago de U$S. 30.000, y el último paso consistiría en bajar la condena del acusado Carlos López (de 17 a 12 años), que llevaría seis meses y tendría un costo de U$S. 200.000.
En el documento se puede leer: “Sindulfo Blanco: se puede negociar sin problemas”. Sugiere que la sala se integre con Miguel Bajac o Víctor Núñez.
El precio para Pavão
En el caso del narcotraficante Jarvis Pavão, procesado por lavado de dinero, se hablaba de un pago de 50.000 dólares para integrar la sala y rechazar la inconstitucionalidad planteada por la fiscalía, contra el rechazo de un pedido de extradición al Brasil. En el vecino país Pavão fue condenado a 15 años de cárcel por narcotráfico. El tiempo estimado era de tres meses y el costo de 200.000 dólares.
Según el memorando con el pago de U$S. 100.000 por adelantado se sugiere integrar la sala para tratar la inconstitucionalidad del planteamiento; y otros U$S. 100.000 para el rechazo de la extradición que llevaría seis meses.
Entre ambos casos, se hablaba de una suma superior a los US$. 600.000.
La computadora del camarista fue incautada ya en el 2011, pero no se pudo peritar hasta abril de este año. El camarista José Agustín Fernández se había opuesto tenazmente a la verificación.
Vilmar Acosta, otro beneficiado por la Corte
El caso más reciente de narcotraficante beneficiado por la Corte Suprema de Justicia es el exintendente de Ypejhú Vilmar Acosta Marques.
En un primer caso ocurrido en el 2011, Acosta junto con su padre Vidal, cayeron presos cuando la fiscalía halló en el predio perteneciente a la familia, restos humanos.
Los Acosta estuvieron presos de febrero a marzo de ese año, pero fueron liberados en una oportuna intervención del ministro de la Corte Víctor Núñez, según publicó en esa época nuestro corresponsal en Curuguaty Pablo Medina, asesinado el pasado 16 de octubre.
Según Medina, el ministro de la Corte logró que el Tribunal de Salto del Guairá en ese entonces integrado por Venancio López, Avelino Ramírez y Rosalina Guens de Benítez, reviera una resolución por la que rechazaban el pedido de libertad, y finalmente procedan a liberar a los Acosta.
Mientras en otro caso, la Corte cajoneó una inconstitucionalidad planteada contra la candidatura de Vilmar Acosta, en el 2010. No podía ser candidato por tener doble nacionalidad.
Persecución política
El ministro de la Corte Víctor Núñez, en una extensa conferencia de prensa realizada el pasado 4 de noviembre, dijo que el caso de los memorandos en la computadora del camarista Delio Navarro eran parte de una “persecución política” en su contra.
Núñez manifestó que le llamó la atención que el “memo” estaba en el escritorio de la computadora, a simple vista “sin embargo, el fiscal Fernández luego de tres años de haber llevado la computadora para peritaje, recién ahora pudo encontrarlo”. Tanto Núñez como los ministros Miguel Bajac y Sindulfo Blanco están a las puertas de un juicio político, pero realizan intenso lobby para impedirlo. Se menciona que hay oferta de fuertes sumas de dinero.