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En otra parte, sostienen que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos en el marco del estricto respeto a la dignidad de las personas y a las garantías que confieren la Constitución y las leyes. “Asimismo, todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como los ciudadanos y ciudadanas, deben asumir su responsabilidad en la lucha contra la violencia, cualquiera sea su origen”, expresan. Finalmente, señalan que para edificar una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos y de la nación resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos y la puesta en práctica de una educación ciudadana que promueva la responsabilidad social y el respeto a las leyes.