Plantean discutir control de propaganda en redes

La Ley Electoral en su artículo 290 establece los plazos para la propaganda electoral en época de elecciones. Para unos comicios generales se otorgan 60 días de tiempo y para las municipales 30 días. Mientras a través de los medios masivos de comunicación se limita a 30 días para elecciones generales y nueve días en las internas.

Sin embargo, lo que refiere a internet o las redes sociales, no está legislado y esta situación preocupa al Tribunal Superior. El asesor de la institución Luis Alberto Mauro alertó durante la última reunión pro reforma electoral sobre el descontrol existente.

Mencionó que no solo propaganda aparecen hasta en los días de elecciones, sino también encuestas, y últimamente datos de bocas de urna, señalando directamente los nombres de los candidatos y las posiciones que están ocupando en las justas a medida que se van desarrollando las elecciones.

Mauro dijo que en los casos de encuestas y bocas de urna es una situación complicada porque también se tiene que tener en cuenta la libertad de prensa y expresión establecida en la Constitución Nacional, pero acotó que el Tribunal recogió experiencias de otros países que se podría debatir en el marco de la reforma electoral.

Señaló que el periodismo tiene mucha culpa de la falta de respeto a las normas, en lo que refiere a la publicación de encuestas y bocas de urna en los días de elecciones, pese a la existencia de prohibiciones establecidas en la ley electoral.

El TSJE plantea también la modificación de la Ley 635/95 que reglamenta el funcionamiento de la institución e introducir un capítulo que establezca procedimiento para el juzgamiento de las faltas electorales. La discusión sobre la reforma electoral se inició el pasado 12 de setiembre a instancias del Poder Ejecutivo y con la participación de todos los partidos, movimientos políticos y asociaciones civiles.

La segunda reunión está prevista para el lunes 1 de octubre. El objetivo es que cada sector presente sus propuestas que serán analizadas en una mesa de diálogo, y posteriormente sea presentada al Poder Legislativo para su aprobación.

Paralelamente en las cámaras del Congreso también se llevan a cabo discusiones sobre propuestas de modificación de la misma normativa.