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Osorio informó ayer a los periodistas que los consumidores y usuarios tienen que sufrir un verdadero calvario para que sus requerimientos, reclamaciones o quejas de cancelación de servicios, por ejemplo, sean al menos oídos.
Indicó que el proyecto de ley que presentó ayer tiene por objetivo fundamental no castigar a las empresas públicas y privadas sino exigir legalmente un servicio más eficiente en favor de los consumidores indefensos.
Explicó que la normativa apunta a las grandes empresas públicas y privadas que publicitan un Servicio de Atención al Consumidor (SAC) como por ejemplo: ANDE, Essap, transporte de personas, telefonía e internet, servicios financieros y de seguros, seguros médicos privados, televisión por suscripción, entre otros.
Agregó que las llamadas telefónicas al SAC deben ser gratuitas y el tiempo máximo de atención personalizada debe ser no mayor de 60 segundos desde el momento en que es seleccionada una opción.
Sanciones
Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la normativa sobre defensa del consumidor, el proyecto de ley establece las sanciones que irán de 300 jornales mínimos diarios (G. 19.133.400) a 1.200 jornales mínimos diarios (G. 76.533.600) para actividades diversas no especificadas. Además, se deberá publicar en un periódico de gran circulación por tres días consecutivos y a costa del sancionado.
Autoridad competente
La Secretaría de Defensa al Consumidor y Usuario (Sedeco), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, es la autoridad competente en verificar el cumplimiento de la ley en caso de ser sancionado, previo sumario, cotejo de pruebas acercada por las partes, auditorías externas, etc.