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El objetivo de esta ley es que el Estado recupere la inversión realizada en su momento.
La propiedad de 217.836 hectáreas, ubicada en los departamentos de Concepción y Amambay, había sido expropiada en el año 1995 a los fines de la reforma agraria, pero nunca se hizo una utilización adecuada de ella, no hubo proyectos ni atención del Estado como se requería.
Actualmente, varias fracciones de la propiedad están en manos de propietarios de grandes extensiones de tierra, la mayoría extranjeros y que no son sujetos de la reforma agraria. Según la ley, en caso que los compradores proceden al pago total del valor del inmueble, se autoriza al Indert a realizar una quita equivalente al 30% del precio total.
Si la venta se hace en forma financiada, el pago mínimo y obligatorio de entrega será del 15% del valor total del inmueble y el saldo deberá ser honrado en un plazo máximo de siete años, con un interés del 1% anual, y en cuyo caso será obligatoria la formalización de garantía hipotecaria sobre el inmueble a ser transferido.
El precio de las fracciones se fijó en un costo no menor a G. 4 millones por hectárea. A propuesta del diputado liberal Sergio Rojas, se incluyó un artículo que establece que los tenedores u ocupantes precarios denominados sujetos beneficiarios de la ley “no tendrán derecho a ninguna acción posesoria ni a reclamar derechos por introducción de mejoras o de índole alguna, las que de existir y de no ser posible su retiro, quedarán dentro de los inmuebles en carácter de compensación al Estado por el tiempo de su ocupación indebida”.
También se agregó a la ley, a propuesta del diputado liberal Bartolomé Ramírez, que los compradores deberán presentar documentos que avalen su capacidad económica, su solvencia y capacidad de pago. Dichos documentos deberán serán evaluados por el Indert.