Por dudar de escrituras, el Indert ya había rechazado pago por Chino Cue

El caso de las tierras que se encuentran en Itakyry, en el departamento del Alto Paraná, registra una larga historia de conflictos e intentos de negociados dentro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). De nuevo ahora se intenta impulsar a tambor batiente un acuerdo que podría significar una multimillonaria sangría al Estado paraguayo a costa de los contribuyentes.

Se trata de una superficie total de aproximadamente 10.300 hectáreas cuya supuesta propietaria es una empresa denominada Tierra de Negocios, vinculada a tres hermanos brasileños de apellido Sarabia. De este total, unas 3.500 hectáreas fueron expropiadas en el 2003, en tanto que la restante fue objeto de expropiación en el año 2010.

La forma en que esta empresa adquirió la supuesta propiedad de estas tierras está llena de truculentas aristas. Las tierras pertenecían a un grupo de orientales que habían adquirido unas 18.000 hectáreas en la zona en el año 1977. Los inmuebles fueron transferidos en el año 2008 a dos ciudadanos paraguayos, Héctor Vidal Garay Peralta y a Amílcar Antonio Marecos Reyes, ambos vinculados a dueños de la firma Tierra de Negocios, la que luego de algunos meses se quedó con la propiedad de las tierras.

Rechazo

Luego de numerosos trámites iniciados durante el gobierno de Fernando Lugo para el cobro por las tierras expropiadas, el 5 de noviembre del año 2012 el entonces titular del Indert, Luis Ortigoza, firmó la Resolución 2816 mediante la cual suspendió el proceso de pago de indemnización o adquisición de los inmuebles que correspondían a la superficie de la empresa Tierra de Negocios. El argumento: La existencia de dudas sobre la autenticidad de las escrituras ya que no se pudo comprobar el ingreso al país del ciudadano chino que supuestamente vendió los inmuebles y firmó las escrituras en territorio paraguayo.

La decisión tomada de manera prudente corresponde a Luis Ortigoza, el extitular del Indert que hoy soporta cinco procesos judiciales por presunta estafa durante su gestión. El actual titular, Justo Cárdenas, por el contrario, muestra un insistente y sospechoso interés en concretar la operación, pese a las numerosas dudas existentes, con lo cual se expone a un proceso judicial que podría terminar llevándolo a la cárcel.