Preocupa embargo de sueldo

Funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) manifestaron su preocupación a este diario, tras recibir notificaciones de embargo ejecutivo, ordenado por la jueza del Juzgado de Justicia Letrada en lo Civil y Comercial del 4º Turno, Magalí Zavala.

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Según la información que brindaron, existirían alrededor de 160 afectados desde la semana pasada, número que se podría incrementar en los próximos días.

El embargo es producto de la “bicicleteada” con unos G. 4.000 millones en aportes que tuvo lugar en la Asociación de Funcionarios de la Contraloría y que data desde el 2013, según las denuncias y publicaciones de la fecha.

A raíz de esta irregularidad, centenares de empleados de dicha institución pasaron a figurar como morosos en la base de datos de la Asociación de Entidades Financieras del Paraguay (Adefi).

Pagaron su cuenta

Los funcionarios que hicieron pública su denuncia a este diario, pidieron el anonimato, argumentando que varios de los que fueron directivos de la asociación, desde el 2013 hasta el 2016, periodo en que se habían dado las irregularidades, son altos directivos de la Contraloría. 

Sin embargo, relataron que como empleados, recurrieron a la asociación para realizar préstamos, cuyas cuotas tenían que ser descontadas del salario en forma automática por los directivos de la asociación y el dinero girado a las entidades bancarias que entregaron los créditos. El dinero fue descontado y, al parecer, no fue transferido a las empresas, como CrediEfectivo, lo que motivó a que las firmas iniciaran acciones judiciales contra los empleados para exigir el pago del crédito. 

Tras la asunción del actual contralor Enrique García, el mismo habría tomado conocimiento de la situación, según la versión de los funcionarios, por lo que ordenó que se suspendiera el descuento directo y que se abonaran en ventanilla. 

Los afectados aseguran tener los papeles para probar que mensualmente se le descontaba el aporte correspondiente. Incluso, presentaron una denuncia penal ante la fiscala Carla Rojas.

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