Proyecto contra corruptos duerme en la Cámara Baja

El proyecto de ley que propone inhabilitar de por vida a funcionarios y autoridades electas involucradas en actos de corrupción ni siquiera es debatido en Diputados. La norma atenta contra sectores que postulan a acusados e imputados.

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El proyecto de ley que establece la inhabilitación perpetua por actos de corrupción a los funcionarios públicos o de elección popular ni siquiera es discutido en las comisiones asesoras a las que fue girada la propuesta legislativa.

La norma fue presentada el 7 de junio de este año y fue derivada a las comisiones de Legislación, Asuntos Constitucionales y Justicia y Trabajo. Ninguna de las tres comisiones agendó siquiera debatir el proyecto de ley, mucho menos dictaminar.

La aplicación del proyecto de ley atenta contra varios partidos, movimientos y concertaciones que postulan a imputados, procesados y acusados en sus listas en busca de ocupar un cargo electivo en el próximo periodo legislativo.

La norma incluso va contra la lista del proyectista, el diputado Ariel Oviedo (ANR, disidente), quien tiene como precandidato número dos a la diputación de Central al diputado José María Ibáñez, imputado por cobro indebido de honorarios.

La norma abarca a las personas condenadas por hechos punibles y diferencia entre una inhabilitación perpetua o especial.

La pena de inhabilitación perpetua consiste en la prohibición de por vida para ejercer la función pública, de elección popular o empleos o cargos públicos, cuando se trate de hechos punibles tipificados como: cohecho pasivo agravado, prevaricato, tortura, ejecución penal contra inocentes, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, administración en provecho propio y se aplicará también a los hechos punibles previstos en las leyes especiales tipificados como actos de corrupción.

La pena de inhabilitación especial consiste en la prohibición para ejercer la función pública de elección popular o empleos a cargos públicos durante 5 a 20 años, según la gravedad del hecho punible relacionado a: cohecho pasivo, persecución de inocentes, cobro indebido de honorarios, infidelidad en el servicio exterior, inducción a un subordinado a un hecho punible, intervención ilegítima en las contrataciones públicas, etcétera.

Acusados e imputados

El Partido Colorado postula a los imputados: Víctor Bogado para el Senado, Carlos Núñez Salinas para la diputación. También el imputado Nelson Aguinagalde para la diputación. 

El PLRA postula al acusado Enzo Cardozo y al imputado Milciades Duré, ambos para el Parlasur. 

También Avanza País postula al imputado Aldo Vera.

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