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Critican la inconstitucionalidad planteada contra la norma. “Suponemos que los directores tienen suficiente razón como para pretender evitar la vigencia de la ley que ahora critican, pues con ella tampoco tendrán argumento para justificar los casi G. 120 millones... que perciben en concepto de honorarios, más los G. 20 millones mensuales en concepto de viático, así como los otros beneficios conquistados por los sindicatos y extendidos también a los directores. Sumados estos hacen un salario en torno a los 200 millones de guaraníes, valor nada despreciable para cualquier trabajador; igualmente querrán ocultar el 80% del honorario de directores que perciben los consejeros (que se reúnen cada dos meses)”, señala una parte de la nota.
Cuestionan que ahora se hable de violación del Tratado cuando meses atrás los funcionarios y las autoridades de la entidad fueron alcanzados por la Ley 5033, que les obliga a declarar bienes. “Si la ley (5033) no mereció reparos de la DGP (Dirección General Paraguaya), nuestra institución no observa impedimento para la vigencia de la Ley 5189, considerando que sería una violación más al Tratado de Itaipú y, en aras de la transparencia defendida por Ud., la sociedad conozca privilegios que la entidad concede a directores”, dice el escrito firmado por Rubén Machuca, secretario general.