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El proyecto de ley fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del jueves pasado pero la reunión quedó sin quórum. Por ese motivo no se pudo estudiar ninguna de las propuestas legislativas, entre ellas el proyecto de ley que pretendía elevar de 65 a 75 años la edad máxima para jubilarse en el sector público.
Este proyecto de ley tuvo sanción automática el viernes pasado y reglamentariamente existía la posibilidad remota de incluirla en una sesión extraordinaria en medio del juicio político a la subcontralora Nancy Torreblanca (PLRA). Pero como esta funcionaria presentó renuncia a las 7:30, para las sesiones extras de la Cámara Alta previstas a partir de las 9:00 quedaron desconvocadas las reuniones, con lo cual quedó sin efecto el tratamiento de la propuesta de Oviedo Matto y Gómez Verlangieri.
La Ley N° 2345/03, “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, modificado por la Ley N° 4252/10”, establece la obligatoriedad de la jubilación de los funcionarios públicos a la edad de 65 años. El funcionario público actualmente se jubila a la edad de 62 años y tiene la posibilidad de continuar tres años más y al cumplir 65 obligatoriamente debe jubilarse.
El proyecto de Oviedo Matto y Gómez Verlangieri plantea modificar específicamente el Art. 9 de la ley vigente para que el funcionario público (aportante) que complete 65 años y que cuente al menos con 20 años de servicio tenga derecho a la jubilación ordinaria. Y cumplidos los 75 años de edad la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.
Oviedo Matto argumentó que su propuesta se basa en el principio de igualdad garantizada en la Constitución nacional. Indicó que a otros funcionarios públicos, como ministros de la Corte Suprema de Justicia, se les permite quedarse hasta los 75 años, pero a los funcionarios públicos con menor categoría administrativa se les obliga a jubilarse a los 65 años.
El proyecto fue presentado y aprobado por el Senado el 4 de diciembre de 2014, pero la Cámara de Diputados rechazó el 13 de mayo de este año, con lo cual retornó a la Cámara Alta. El viernes venció el plazo para su tratamiento, y como el Senado no se pronunció, prevaleció el rechazo de Diputados.