Royalties también son objeto de despilfarros

La distribución de millonarios fondos a gobernaciones y municipios, correspondientes a los royalties provenientes de Itaipú y Yacyretá, tiene los mismos síntomas de despilfarro y corrupción que el Fonacide. En solo tres años (2012/2014), se repartieron en dicho concepto unos US$ 452 millones sin que ello represente progresos importantes en las comunas y departamentos.

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Según el último informe de la Dirección de Comunicaciones de la Contraloría General de la República, entre el año 2012 y el 2014, las transferencias de royalties a los 249 municipios fue de G. 1 billón 983.019 millones, equivalentes a unos US$ 360 millones.

Asimismo, a las 17 gobernaciones fueron enviados un total de G. 506.303 millones, que en dólares representan unos 92 millones.

El mismo informe revela que de los 249 municipios que recibieron estos recursos, apenas 98 intendentes (39%) presentaron sus rendiciones de cuentas. Es decir que 151 intendentes (61%) no han presentado sus rendiciones de cuentas, lo mismo que ocurre con los fondos del Fonacide.

El informe de Contraloría señala igualmente que de las rendiciones que fueron presentadas, 13 fueron rechazadas por irregularidades en las documentaciones arrimadas por los municipios.

Aunque no se menciona en el informe, se supo que existirían una serie de ilicitudes en las facturas, notas de ventas y contratos que son presentados por los intendentes.

Gobernaciones

Al menos las gobernaciones presentaron en un 100% sus rendiciones de cuentas, según la Contraloría. Es decir los diecisiete gobiernos departamentales han presentado sus documentaciones pertinentes.

No obstante, esto no quiere decir que todos los documentos estén en regla. De hecho, habría gobernaciones que estarían con serios problemas de justificación de gastos ante el ente contralor, según fuentes de dicha institución.

Lamentable

A pesar de haber sido distribuidos más de US$ 452 millones a las 17 gobernaciones y 249 municipios, en concepto de royalties, no se nota algún progreso significativo en el país. Por el contrario, existen zonas que se debaten en la más absoluta pobreza.

La ley establece que al menos el 80% de los ingresos percibidos por las gobernaciones por royalties deberán destinarse a gastos de capital y el resto a gastos corrientes, siempre que sean vinculados en dichos gastos de capital. En cuanto a las municipalidades, el 80% es para gastos de capital, el 10% para actividades de desarrollo sustentable y 10% para gastos corrientes relacionados.

mvelazquez@abc.com.py

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