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El rector de la UNP, Víctor Ríos, es también diputado liberal. Hasta hace un par de semanas ambas funciones, ejercidas al mismo tiempo, estaban vedadas por la ley. Pero encontró, luego de varias arremetidas, dos ministros correligionarios y un camarista que le abrieron el camino para que la Universidad de Pilar continúe azotada por la política y el pintoresco caso –para no llamarlo trágico– de que el diputado Ríos defiende al rector Ríos, como ya consignáramos en una nota anterior.
La ley, que ahora fue al canasto, establecía un principio elemental: el Rectorado es un cargo administrativo –y no docente– porque, entre otras cuestiones, maneja dinero del Estado. Claro que Víctor Ríos se regaló a sí mismo un montón de cátedras, pero son insuficientes para beneficiarlo con la excepción legal de alzarse con más de un salario.
En una próxima nota veremos que esas cátedras figuran solo en la planilla de sueldos que le permite, junto con otros salarios, llegar a casi quinientos millones de guaraníes anuales. Es fácil, entonces, tener correligionarios que pasen la mano para seguir en la bonanza. No importa que las universidades se desbarranquen en la pobreza económica y moral.
Más de la Contraloría: las becas
Los auditores observaron que las unidades académicas de la UNP “mantuvieron Obligaciones Pendientes de Pago en el Rubro 841 ‘Becas’ al 31 de diciembre de 2013; sin embargo, según extractos bancarios de las cuentas corrientes destinadas a transferencias a cada unidad académica, se notó que estas recibieron transferencias del Rectorado para el rubro 841, por el monto que obligaron cada una de las unidades académicas; sin embargo, no procedieron a cancelar dichas obligaciones al cierre del ejercicio fiscal 2013...”.
La Contraloría pidió a la UNP que justifique documentadamente el requerimiento que realizó a las unidades académicas por la no cancelación de sus respectivas obligaciones en el rubro becas al 31 de diciembre de 2013, “teniendo en cuenta que recibieron transferencias por los totales obligados, según extractos bancarios”.
En su descargo, la UNP dijo que no realizó la transferencia “debido a que existieron casos de alumnos que no se presentaron a retirar los cheques”. Los auditores respondieron que “ninguna unidad académica de la UNP informó los motivos que originaron que los beneficiarios no pasen a retirar los cheques. Tampoco se remitió evidencia documental de gestiones realizadas por las unidades académicas y el Rectorado de la UNP para solicitar a los beneficiarios que pasen a retirar sus respectivos cheques”.
Es fácil imaginarse que esta desidia –en el mejor de los casos– habrá originado un justo malestar, a más de daños económicos, a los alumnos pendientes del beneficio de la beca.
Acerca de este caso –de los muchos que iremos viendo–, la Contraloría recomendó a la UNP establecer los mecanismos necesarios a los efectos de que se realicen los controles permanentes de las obligaciones y concesiones de becas, ya sean otorgadas por fuentes de financiamiento del tesoro público o institucionales, por parte de las unidades académicas y del Rectorado de la UNP. Esto debe hacerse sin que se esperen los plazos pertinentes para las registraciones contables.
Asimismo “controlar que se realicen las cancelaciones de las obligaciones contraídas presupuestariamente cuando estos cuenten con los recursos presupuestarios en sus cuentas bancarias en tiempo y forma”.
Por otro lado, los auditores se encontraron con que en el 2013 el Rectorado no realizó transferencias a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural para que se pague a los becarios, pero sí que transfirió para el pago de becas que constituyó la deuda flotante del ejercicio del año anterior, o sea, correspondiente a partidas presupuestarias pendientes de pago del ejercicio fiscal 2012.
PRÓXIMA NOTA: Más casos irregulares
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