/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/XQ4ZTTOZXNERLGWYTERHX52DTQ.jpg)
Cargando...
Wagner le remitió una nota al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, en la cual señala que en 15 días se le tienen que remitir las carpetas de investigación que están a cargo de los fiscales Joel Cazal y Sandra Quinóñez. El senador se basó en la Ley 5453/2015 “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional, del pedido de Informes”.
Los efectos de la norma citada más arriba fueron suspendidos la semana pasada por la Corte Suprema, ante una acción de inconstitucionalidad que presentó el titular del Ministerio Público. Supuestamente viola los artículos 3 “Del Poder Público”, 9 “De la libertad y de la seguridad de las personas”, 137 “De la supremacía de la Constitución”, 266 Del Ministerio Público “De la composición y de las funciones” y 268 “De los deberes y atribuciones”, de la Constitución Nacional.
Para el titular del Ministerio Público “es sumamente grave pretender que la información que debe indefectiblemente mantenerse dentro del ámbito natural de análisis –unidad penal investigadora– pueda trasladarse a otro poder del Estado, como en el caso de la ley hoy cuestionada lo constituye el Poder Legislativo en cualquiera de sus Cámaras, siendo el único Poder competente para juzgar la actividad investigativa, el Poder Judicial, por medio de la Corte Suprema, los Tribunales y Juzgados, dentro de un contexto procesal”.
Pedido
Wagner, en representación de la comisión especial conformada para indagar los hechos ocurridos en el marco de las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta y que derivaron en la muerte del capitán Piñánez y el suboficial González (caso Cuero Fresco), solicitó las carpetas de investigación al fiscal general del Estado.
La muerte de Escurra se registro el 23 de octubre de 2013 y fue a consecuencia de un atentado del EPP en Horqueta.
Por otro lado, en Cuero Fresco, el capitán Piñánez y el suboficial González perdieron la vida como consecuencia de la explosión de una bomba. eran integrantes de las Fuerzas Militares.
Según la versión oficial, un comando del grupo criminal Agrupación Campesina Armada (ACA) arrojó una bomba a la camioneta donde se encontraban.
El Gral. (SR) Herminio Piñánez, padre del capitán fallecido, denunció que los propios militares habrían matado a su hijo porque detectó un esquema de corrupción que salpica a jueces, fiscales, políticos y policías.
El proyecto de resolución para conformar la Comisión Especial fue presentado por la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi.