/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/NDEB6MJE2FHTNEK3CQMFTC5E54.jpg)
Cargando...
La intención es que estos sindicatos busquen apoyo en otros gremios estatales para presionar al Gobierno por el supuesto despido de 2.500 funcionarios.
Pablo César Chávez, del sindicato de la SEN, explicó que la solicitud de intervención y sanción contra el Gobierno ante la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) será presentada mediante la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) y la Central Nacional de Trabajadores. Estiman que el planteamiento sea dentro de un mes, tras la conclusión de la asesoría internacional.
El integrante del organismo internacional recibió un dossier de los presuntos despidos dentro de la función pública desde la asunción del gobierno de Federico Franco.
El gremialista de la SAS Genaro Palacios indicó que existen unos 2.500 despedidos en los entes públicos, pero dijo que más del 50% se encuentran aún en sus puestos de trabajo, hasta finalizar sus contratos en el mes de diciembre.
Hasta el momento no precisan nombres ni presentan documentos a la prensa sobre los funcionarios supuestamente despedidos. En su mayoría serían contratados.
Anuncian acciones judiciales
Los funcionarios del Ministerio de Educación que finalizaron sus contratos en la institución recurrirán a acciones judiciales si no llegan a una solución, anunció Gustavo Bordón, afectado con la medida.
Alegan que la cartera de Educación debe cumplir con la adenda de la dirección jurídica que recomendó continuar con los contratos de los funcionarios. Sin embargo, no precisan cuántos trabajadores de la Secretaría de Estado y del Viceministerio de la Juventud quedaron fuera de la función pública.