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El titular de la Cámara Baja, Hugo Velázquez (ANR), alegó que por tratarse de dos trámites independientes no existe ningún impedimento legal ni constitucional para tratar los juicios políticos del contralor y la subcontralora, y también el pedido de desafuero contra ambos enviado por la Justicia.
En el caso del juicio político, según Velázquez, él está en conocimiento de que la comisión de Asuntos Constitucionales ya dictaminó a favor de la aprobación de los libelos acusatorios presentados, y adelantó que ya hay decisión de la mesa directiva de incluir ambos temas en la sesión del próximo miércoles 8 de julio.
En cuanto a la solicitud de desafuero del contralor Velázquez y la subcontralora Torreblanca remitida por el juez Alcides Corbeta, dijo que si la comisión dictamina antes de la sesión ordinaria, tienen intención de incluirlo también en el orden del día.
La fuente adelantó que por lo que se percibió en la sesión de la semana pasada y por el hecho de que ningún legislador ensayó alguna defensa de los acusados, existiría una amplia mayoría para la aprobación de ambos trámites.
La diferencia es que en el caso de ser aprobados los desafueros, ambos funcionarios estarán de esa manera a disposición de la Justicia para ser procesados. En ese caso, los mismos podrían continuar en sus cargos durante el proceso.
En tanto que si el próximo miércoles, Diputados aprueba, por mayoría de dos tercios (53 votos), la acusación por mal desempeño de funciones contra el contralor y la subcontralora, el trámite pasa al Senado. En esa cámara serán sometidos al juicio político y, eventualmente, destituidos, por una mayoría absoluta de dos tercios (30 votos). De concretarse la destitución de ambos, ya no contarán de hecho con ninguna inmunidad y la Justicia podrá procesarlos sin ningún impedimento.
Imputación
La imputación presentada por la fiscala Victoria Acuña contra ambos funcionarios es por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio (estafa) y contra el ejercicio de las funciones públicas (cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado a un hecho punible). El expediente detalla la forma en que el contralor y la subcontralora aprobaron el pago de remuneraciones extraordinarias a funcionarios que no cumplían labores, así como la contratación de personas no calificadas para cargos técnicos. Uno de los casos más sonados fue el de la “secretaria VIP” del contralor, Liz Paola Duarte.
Lo que dice la Constitución
El Art. 281 de la Constitución dice que el contralor y la subcontralora durarán 5 años en sus funciones, no coincidentes con los del mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo sólo por un período más, con sujeción a los mismos trámites. Durante tal lapso gozarán de inamovilidad, no pudiendo ser removidos sino por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. El Art. 284 dice que tendrán las mismas inmunidades e incompatibilidades de magistrados judiciales. Para su remoción, se seguirá el procedimiento del juicio político.