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En la mañana del lunes pasado, la familia Eisen fue desalojada de su propiedad, una finca de 1.742 hectáreas ubicada en el distrito de Mayor Otaño.
La propiedad se encuentra mecanizada y estaba lista para iniciar tareas de siembra. El valor comercial de la finca, 17 millones de dólares.
El título de propiedad de Joel Eisen, ciudadano paraguayo, descendiente de brasileños, es incuestionable. El documento no tiene ningún reparo y es fruto de una mensura judicial debidamente inscripta, con cuenta catastral registrada.
Entonces ¿por qué fueron desalojados?
La expulsión de la familia Eisen de su propiedad es resultado de maniobras ilegales, impulsadas por el poder político en complicidad con la justicia.
Alquiler no pagado
El inmueble, titulado a nombre de Joel Eisen, fue adquirido el 23 de agosto de 2013; se pagó 10 millones de dólares a Karl Anton Haussler, ciudadano alemán.
Hausler, con anterioridad, había alquilado la tierra a Kaspar Heinrich Dirks, quien a su vez subarrendó la finca a su hija María Raquel.
María Raquel, por su parte, subarrendó el mismo predio a su madre María Magdalena Díaz de Dirks.
En términos jurídicos, el único arrendatario seguía siendo Kaspar Heinrich Dirks; Kaspar, acosado por deudas del arrendamiento y extorsionado en el tema de la finca 1057, se suicidó en diciembre de 2013.
El 4 de febrero de 2014, la familia Eisen firmó un acuerdo de desestimiento de arrendamiento con la señora María Magdalena Díaz Vda. de Dirks y su hija María Raquel.
Las herederas de Dirks entregaron la posesión y la familia Eisen aceptó perdonar un alquiler impago de 800.000 dólares. Los Dirks tenían en arrendamiento una tierra por la cual nunca pagaron.
La viuda de Dirks recibió autorización para retirar su última cosecha de soja en tierra alquilada, plazo que se cumplió el 30 de marzo pasado.
Los herederos de Dirks nunca alegaron derecho de propiedad y reconocieron ante escribanía la deuda de 800.000 dólares por arrendamiento no pagado.
Luis Aníbal Schupp
En los primeros días de abril de 2014 aparecieron en escena Luis Aníbal Schupp, intendente de San Carlos del Apa, y Nivaldo Ourikes Kestring, brasileño con oscuros cuestionamientos.
Schupp, escoltado por guardias privados, ingreso en abril en la propiedad de Eisen y desalojó a los legítimos propietarios.
Joel Eisen y su padre Vilmar iniciaron una acción judicial para recuperar la finca. El pedido fue planteado ante el juzgado de primera instancia de María Auxiliadora, Itapúa.
El juzgado ordenó la restitución de la propiedad a su legítimo dueño. Se notificó la orden judicial a Luis Aníbal Schupp en el Paraná Country y Golf Club de Ciudad del Este. Schupp no vive en San Carlos del Apa, donde es intendente.
En el juicio de interdicto se presentó el abogado Ricardo González Forcado, exoficial de la Policía Nacional y cuñado del diputado Mario Cáceres.
Aberración jurídica
Schupp y su abogado González Forcado recusaron a la jueza de María Auxiliadora. El expediente subió a la cámara de apelaciones integrada por Luis Roig Benítez, Miguel Vargas Díaz y César Cáceres Benítez.
Los camaristas revocaron la medida cautelar de primera instancia y ordenaron la posesión en favor de María Magdalena Vda. de Dirks.
Los magistrados Luis Roig Benítez, Miguel Vargas Díaz y César Cáceres Benítez cometieron una aberración jurídica: la viuda de Dirks no es parte en el proceso, sin embargo, fue beneficiada con la posesión.
El interdicto de recobrar la posesión se planteó contra Schupp; sin embargo, los jueces ordenaron que la tierra se entregue a una exarrendatario que para colmo debía nueve años de alquiler.
En febrero de 2014 María Magdalena Vda. de Dirks entregó por escribanía la posesión de la finca y las llaves de la estancia a la familia Eisen.
Y el lunes 28 de julio, quienes alquilaron sin pagar la tierra reciben la posesión de una propiedad que legítimamente pertenece a los Eisen.
Mafia político-judicial
El desalojo de los Eisen movilizó 120 efectivos policiales, sumando 20 integrantes del Grupo Especial de Operaciones y 2 francotiradores; los miembros de la Policía Nacional llegaron en 23 patrulleras movilizadas de todas las comisarías de Itapúa.
La acción de desalojo estuvo a cargo del oficial de Justicia Sergio Patiño, quien a pesar de sus antecedentes sigue actuando en nombre del Poder Judicial.
Oficiales de la Policía Nacional en Itapúa indicaron que el mismo vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, se encuentra apoyando a Luis Aníbal Schupp, de allí la facilidad para movilizar recursos y lograr medidas judiciales que no se compadecen de un Estado de derecho mínimamente creíble.
No hay que olvidar que el abogado de Schupp es el cuñado del diputado departamental Mario Cáceres.
Ningún juez se animará a actuar en forma tan grosera contra las disposiciones legales si no tiene la seguridad de un respaldo político similar a la aberración que comete.
En este caso se sospecha que el soporte viene del mismo Poder Ejecutivo, representado por Juan Eudes Afara.
¡Increíble! Se desaloja al propietario y se entrega la posesión a una exarrendataria que nunca fue parte en el juicio de reposición.
roque@abc.com.py