Vuelven a presentar proyecto de ley para regular información

Un grupo de diputados presentará a la Cámara  Baja un nuevo proyecto de ley de acceso a la información. Como en anteriores ocasiones, el documento es impulsado por un grupo de organizaciones no gubernamentales.  El texto de vuelta pretende establecer límites a la información y autoriza que en determinados casos el Gobierno niegue los datos requeridos.

Una vez más se presentará al Congreso un proyecto de ley de acceso a la información para tratar de regular las formas, plazos y definir qué datos pueden ser entregados a la ciudadanía. En 1999 una ley de este tipo tuvo que ser derogada porque ponía en serio riesgo la libertad de información.

El diputado oviedista Héctor David Ocampos confirmó que junto con otros colegas presentará el proyecto, que esta vez llevará el nombre de "libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental".   

El legislador confirmó que, como ha ocurrido desde el 2003, detrás del proyecto están un grupo de organizaciones sociales agrupadas bajo el GIAI (Grupo Impulsor de Acceso Ciudadano). En 2005 este grupo impulsó un proyecto similar que  fue rechazado en el Congreso porque limitaba la gestión de los periodistas y además definía qué información debía ser dada a conocer a la población. En junio del año pasado este grupo reactivó la tarea de buscar una legis- lación para regular la información. En setiembre pasado, a través de representantes de la organización no gubernamental IDEA se volvió a sondear en la Cámara de Diputados  la presentación de un proyecto de ley. Ahora, poco  después de un mes, ya se anuncia la presentación del documento.   

Conforme el texto que maneja el diputado Ocampos, para tratar de evitar críticas se establece en el punto dos que "ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo".   

Sin embargo, en el artículo primero establece que la norma tiene por objeto reglar el artículo 28 de la Constitución "estableciendo las modalidades, plazos y sanciones" para el acceso a la información. Dispone cuáles son fuentes públicas y sostiene que las  autoridades binacionales deben dar información solo conforme a sus normas. Además establece excepciones mediante las cuales los gobiernos pueden negarse a brindar la información requerida.