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28 de Junio de 2009

 

Ley de Lenguas, en tratamiento de código

La Ley de Lenguas entró en el tratamiento de código y a fines del mes de junio entra en la plenaria del Senado. Esta ley se basa sobre dos propuestas de la Comisión Nacional de Bilingüismo y del “Taller de la Sociedad Civil” que fueron consensuadas en el Ministerio de Educación. En el Congreso, la Ley de Lenguas ya fue aprobada en el período legislativo anterior.

La Constitución Nacional, en el artículo 140, al declarar el guaraní y el castellano como lenguas oficiales, diseña el Paraguay como un país bilingüe. Sin embargo, el guaraní no se encuentra en condiciones equitativas en relación al castellano. Por ejemplo, aquellos ciudadanos que hablan preferencialmente el guaraní se ven excluidos del aparato estatal y sus instituciones, que se manejan básicamente a través del castellano. Coincidentemente, el uso del guaraní está en disminución.

Respondiendo a esta situación, la Ley de Lenguas trata de normalizar la lengua guaraní. Eso significa que crea las condiciones necesarias para que los hablantes del guaraní tengan las mismas posibilidades de participación que los hablantes del castellano. Para el efecto, prevé la inclusión equitativa del guaraní en todos los ámbitos públicos y crea una Secretaría de Políticas Lingüísticas encargada de la planificación e investigación lingüística. Crea, además, una Academia de la Lengua Guaraní que investiga y normativiza el uso de esta lengua. En síntesis, la Ley de Lenguas tiene el objetivo de fortalecer las posibilidades de uso del guaraní en el Paraguay. Al mismo tiempo, reconoce la existencia de otras lenguas en el país que no sean el guaraní o el castellano, como ser las lenguas extranjeras habladas por grupos de inmigrantes, la lengua viso-gestual usada por los sordomudos, y las lenguas indígenas. Reconoce el derecho a mantener la lengua y cultura propias de cada pueblo.

El texto de la ley hace entender que las lenguas indígenas del Paraguay tienen una posición especial entre las lenguas no oficiales. Su posición destacada se basa en el hecho que los pueblos indígenas son culturalmente diferenciados de la sociedad paraguaya, a la vez que son “anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”, tal como reconoce la Constitución Nacional en su artículo 62. Vale recordar que en el país se hablan, además del guaraní nacional, otras seis lenguas guaraníticas y doce lenguas no guaraníticas que pertenecen a cuatro familias lingüísticas diferentes.

Históricamente, el proceso de la formación del Estado paraguayo ha significado la imposición del modelo nacional dominante sobre los pueblos indígenas. Esta imposición, que ha dificultado, encubierto y hasta imposibilitado vivir el modo de ser propio de estos pueblos, les quita posibilidades de protagonismo y crea dependencias de la sociedad nacional dominante. Vale recordar que es tal lógica de imposición la cual se califica de colonialismo. Tiene efectos nefastos sobre de la lengua indígena propia: en varios casos ha inducido a abandonarla. Una Ley de Lenguas que no les da el espacio lingüístico y cultural necesario a los pueblos indígenas perpetuaría dicha lógica de imposición y sus efectos. Toda lengua propia, pues, es la clave para el acceso al mundo y determinante para la interacción social. Por lo tanto, con su abandono se consolidan las estructuras de dependencia.

Sin embargo, la Constitución Nacional rompe con la lógica colonial, concediendo a los pueblos indígenas el derecho “a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa... siempre que no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución” (artículo 63).

También a nivel internacional existen formulaciones legales que proyectan la superación de la lógica colonial y crean un marco guía para las legislaciones nacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. El Paraguay con su reconocida condición se ser bilingüe está claramente en la mirada internacional. En la definición de políticas y legislaciones lingüísticas, entonces, estas formulaciones deberían ser atendidas.

Durante el proceso de la redacción de la Ley de Lenguas, la comprensión de la necesidad de atender debidamente a las lenguas indígenas ha aumentado. Por ejemplo, se reconoce la validez jurídica de la lengua indígena dentro de su territorio y se reconoce a los pueblos indígenas como los responsables de sus respectivas lenguas.

Sin embargo, asumiendo el espíritu de la Constitución Nacional, la ley podría ser más moderna aún. Para el efecto, debería garantizar el fortalecimiento de las lenguas indígenas en cuanto son, como el mismo guaraní, medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus hablantes. Tal fortalecimiento incluiría, por ejemplo, el derecho a mantener la lengua y cultura propias de su pueblo sin interferencias inducidas o forzadas. Incluiría, por lo tanto, el derecho a una educación que permita adquirir la capacidad de autoexpresión lingüística y cultural de los miembros de los pueblos indígenas en todas las funciones sociales de la lengua. Implicaría, a la vez, el apoyo al fortalecimiento de las lenguas indígenas en coordinación con los respectivos grupos de hablantes. Prevería, finalmente, la denuncia de situaciones y contextos que producen la desvalorización de la lengua propia.

La Ley de Lenguas pretende diseñar la sociedad paraguaya como una sociedad cuyos miembros tienen las mismas posibilidades de participación. Para que se pueda lograr esta meta, la inclusión adecuada de los pueblos indígenas y sus lenguas es imprescindible. Solo así se evita nuevas discriminaciones y se avanza en la construcción de una sociedad más equilibrada.


Hannes Kalisch
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