Bonos soberanos: el dilema entre la injerencia política y la decisión económica

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Previo a cada año electoral, Paraguay experimenta una importante convulsión política que impacta directamente en las decisiones económicas.

El 2016, durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2017, no fue la excepción, cuando el Congreso Nacional aprobó importantes aumentos salariales para el sector público, que al ser gastos rígidos, es decir, compromisos que más adelante no pueden ser recortados, presionaban a las ya pocas posibilidades de financiamiento que tenía el Estado.

A la crítica situación se sumó el desfinanciamiento de los préstamos a vencer que totalizaban US$ 312 millones frente a lo aprobado por los legisladores, que solo previeron US$ 144 millones, además de la otra importante decisión de limitar la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP).

En ese momento, el escenario ya estaba sumido en una confrontación de poderes. El Legislativo ignoró las advertencias del Ejecutivo, que estuvo representando por el Ministerio de Hacienda, desde donde aseguraban que la aplicación de las decisiones durante el 2017 pondrían en riesgo la estabilidad macroeconómica y la política fiscal de las que hace años venía gozando el país.

Tras la sanción del modificado proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2017, el Ejecutivo vetó totalmente el plan de gastos por considerarlo imposible de financiar, lo que conllevó que finalmente la Cámara de Diputados, por primera vez en materia presupuestaria, tuviera la última palabra por mayoría oficialista, aprobando el veto presidencial.

Con esto, desde inicios de año, la historia entraría en su segunda fase, la legitimidad o no de la emisión, principalmente en el mercado internacional de los bonos soberanos, que son unos instrumentos financieros de renta fija en el cual el emisor (deudor/prestatario) promete pagar al prestamista/inversionista la cantidad prestada, más cierto monto de intereses durante un período, donde la tasa de intereses y el lapso se encuentran normalmente previamente especificado y por lo tanto son de mutua aceptación.

Los títulos de deuda se conocen como bonos soberanos, cuando el emisor es el gobierno de un país como Paraguay en este caso y el bono es colocado en el mercado internacional.

En pleno receso parlamentario, la puja entre la legitimidad o no de la inminente emisión de los títulos está siendo el centro de discusión entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Las bancadas opositoras y disidentes aseguraron y lo siguen haciendo, que para la transacción, el Ministerio de Hacienda precisa de una autorización especial que debe ser concedida por el Congreso Nacional, ya que la venia para la emisión y colocación de los títulos del Tesoro fue otorgada explícitamente solo para el ejercicio 2016 y no para el 2017, pese a la existencia del veto.

Mientras que desde la dependencia fiscal están convencidos de que no se necesita de una autorización porque el Presupuesto General de la Nación en su conjunto es general, es decir, con sus partidas de gastos e ingresos y correspondientes autorizaciones, y no de manera parcial como lo presenta el sector de la oposición.

De esta manera, al complicado escenario político del país por la discusión de la reelección presidencial, las modificaciones del impuesto a la renta personal (IRP), se le suman las opiniones polarizadas sobre la validez jurídica de la emisión y colocación de los bonos soberanos, que hasta el momento no encuentran un punto de inflexión, a semanas de otra proyectada salida en el exterior.

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