El Presupuesto General de la Nación 2015, ¿Acorde con los desafíos de crecimiento?

La intervención del Estado en la vida socioeconómica de un país se define, entre otros aspectos, por la estructura de sus ingresos y por la calidad y distribución de su gasto. Históricamente, el Estado paraguayo ha destinado gran parte de la recaudación proveniente de los impuestos y de otras fuentes de ingresos, al pago de servicios personales.

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El periodo de crecimiento de la economía paraguaya se encuentra supeditado a la inversión pública, en la que el déficit de infraestructura y servicios puede constituir un freno o ser un retardador de mayores niveles de crecimiento. La distribución y transmisión de energía eléctrica, sobre todo en las zonas periféricas del país, es otra necesidad urgente para que la economía paraguaya incremente su competitividad. De igual forma, el gasto social, orientado no solo a subsidios, sino sobre todo a programas de inclusión y de lucha contra la pobreza deben ser ejes estructurantes del Presupuesto General de la Nación (PGN) y no solo de los discursos oficiales.

A pesar de este contexto de necesidades y potencialidades, la consultora Investor Economía observa que el Presupuesto de Gastos para 2015 no parece responder a todas las demandas sectoriales. En efecto, más allá de algunas observaciones sobre la distribución del gasto público, sobre todo en los sectores más sensibles como la salud, la educación, la infraestructura de comunicación y equipamientos sociales, el Presupuesto para el año 2015 se sigue focalizando excesivamente en los servicios personales.

El aspecto más preocupante, sin embargo, es la diferencia entre lo que el Estado estima recaudar y lo que planifica gastar. El déficit fiscal, según la ley de Responsabilidad Fiscal, no pude ser superior al 1,5% del producto interno bruto (PIB), es decir unos 500 millones de dólares. Para el año 2015 el PGN que había elaborado y presentado el poder ejecutivo se situaba al límite del déficit fiscal permitido por la ley, mientras que la versión final lo eleva al 3,4% del PIB. Más allá de desafiar la ley de Responsabilidad Fiscal, una de las primeras promulgadas por el Gobierno actual, resulta sumamente preocupante la brecha creciente entre lo que el Estado recauda y lo que gasta.

Si la estructura de gastos estuviese orientada a satisfacer las demandas de infraestructura y servicios, que indirectamente crean condiciones favorables a la producción, la industria, el comercio y los servicios, el déficit fiscal podría comprenderse, siempre y cuando se limite a lo establecido por las leyes respectivas. El Presupuesto General de la Nación para el 2015 no solo presenta un déficit fiscal muy superior al permitido, sino que también se encuentra con marcados desequilibrios internos por el gasto excesivo en servicios personales.

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