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La discusión sobre el presupuesto en general y el de los sectores sociales más sensibles en particular ha insistido sistemáticamente con el incremento, tanto de los valores absolutos como el porcentaje de participación en el producto interno bruto (PIB), donde una cifra más elevada suele asociarse, mecánica y erróneamente, con un mejoramiento del servicio público. Hace unos años estudiantes asuncenos del nivel medio exigían al gobierno que el gasto público destinado a la educación pase del 4% al 7% del PIB.
El nuevo foco de la discusión sobre el gasto público ya no está solamente en los montos atribuidos, sino en el uso de estos, en la eficiencia, y en los resultados que se obtienen mediante la utilización de estos. Desde esta perspectiva, se pueden obtener mejores resultados mediante una utilización y atribución de los recursos, incluso sin que necesariamente el presupuesto del sector aumente.
Sin embargo, esto implica un cambio profundo en la manera de administrar las instituciones públicas, que aún se rigen por el esquema de distribución de cargos e ingresos a la plantilla de funcionarios sin concurso.
Resulta urgente revisar y corregir la forma en que se invierten los recursos para brindar servicios educativos, puesto que una mala inversión, como la que se realiza actualmente, no permitirá la correcta y deseada utilización no solo de los recursos financieros, que pueden ser recuperados, sino sobre todo limitará significativamente el capital humano de los jóvenes y, por lo tanto, afectará negativamente sobre el bono demográfico. Esto es, la economía dispondrá de una cantidad creciente de trabajadores, pero sin habilidades cognitivas totalmente desarrolladas.
Los muy bajos rendimientos de los estudiantes del nivel básico también pueden ser leídos como un fracaso del gasto público en educación. Si se analiza el incremento salarial de docentes paraguayos se puede apreciar un incremento muy pronunciado. En efecto, el salario básico es actualmente de tres millones de guaraníes por turno, es decir, más de seis millones si trabaja de mañana y tarde, equivalentes a casi tres salarios mínimos. Este logro salarial fue generado como parte de negociaciones de los diferentes gremios docentes, donde el Estado atribuía los aumentos salariales de forma grupal y sistemática, contra ninguna condición o evaluación de desempeño.
Por último, los recursos disponibles del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) que tendrían que destinarse a mejorar las condiciones edilicias de instituciones educativas tampoco han sido utilizados de forma eficiente y oportuna.
De esta forma, el gasto público en educación se ha incrementado bastante, pero los resultados obtenidos han sido muy deficientes y no condicen con el mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes. En otras palabras, el mejor pago a los docentes no funcionó como generador de incentivos positivos para una mejor gestión y desempeño de estos. Definitivamente, al menos en la educación, el dinero no trae la felicidad.