PGN 2018: la necesidad de buscar el equilibrio presupuestario en campaña electoral

Cada año, el Congreso Nacional estudia la ley económica y financiera más importante del país, el Presupuesto General de la Nación (PGN), en el cual se contemplan los gastos e ingresos estimados para el siguiente ejercicio fiscal.

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Si bien todos los años el tratamiento de la propuesta del plan de gastos, elaborado por el Ministerio de Hacienda y remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo, está marcado por interminables pedidos de aumentos, en períodos de elecciones las solicitudes son mayores y salpicadas por intereses electorales. Este año, la temática no es la excepción, considerando las internas de los partidos políticos con miras a las elecciones presidenciales del 2018.

El pasado 31 de agosto fue presentado al Congreso Nacional el proyecto de PGN para el entrante ejercicio fiscal. La propuesta no contemplaba reformas, sino más bien, seguía el mismo lineamiento de años anteriores como la recurrencia al endeudamiento (emisión de bonos soberanos y créditos externos) para hacer frente al descalce del presupuesto y para el financiamiento de obras públicas, además, consignaba el reajuste del salario mínimo al vigente, así como el incremento salarial del 12% para todos los docentes del país, sin criterio alguno, cuando la propuesta inicial era la de ajustar sueldos conforme a parámetros bien definidos como años de capacitación, entre otras exigencias.

Con todo esto, el proyecto de PGN 2018 ascendía a G. 73,076 billones, unos US$ 12.319 millones, considerando el tipo de cambio de G. 5.932 estimado para el próximo año. Así, el presupuesto registraba un crecimiento del 10,1% frente al de 2017 de G. 66,4 billones (este valor corresponde al PGN 2016, que volvió a estar vigente tras vetarse el del 2017).

En cuanto al financiamiento, se tiene previsto realizarlo en un 37% con recursos del tesoro o fuente 10 (ingresos tributarios, participación de las binacionales y transferencias de entidades descentralizadas), 53% con recursos propios o fuente 30 (ingresos propios de entidades, coparticipaciones (IVA, binacionales y donaciones) y 10% con recursos del crédito o fuente 20 (endeudamiento interno y externo) cuyos fondos deberán ser destinados únicamente para el financiamiento de obras de infraestructura y repago de deuda. 

Tras días de análisis por parte de integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto, finalmente el proyecto de PGN 2018 fue tratado, durante la semana, en Cámara de Diputados, donde sancionaron la propuesta de gastos con varias modificaciones, que incluyó algunos aumentos sin financiamiento como el del programa social de adultos mayores, según declaraciones de autoridades de la cartera de Hacienda. La propuesta ya fue remitida a la Cámara de Senadores para su tratamiento en plenaria en las próximas semanas.

A esta situación se le debe sumar el proyecto de ley que cuenta con media sanción y que elimina la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda vetar o rechazar el proyecto de presupuesto general de la nación aprobado por el Congreso Nacional. 

Y la inevitable pregunta que surge es ¿se podría esperar la aprobación de un PGN racional y sostenible en medio de campañas electorales?

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