¿Quieren los presidenciables sanear la economía?

A mediados de setiembre del año pasado ya hacíamos hincapié en este mismo espacio, teniendo a mano los resultados preliminares del Censo Económico, sobre la gran informalidad que arrastramos y cuya corrección puede significar, por un lado, el tan mentado aumento de nuestra presión tributaria, que se estima ronda el 13% del PIB además de un mejoramiento de los ingresos del IPS, ya que de cada 10 integrantes de la PEA hoy solo tres son cotizantes de la previsional.

Durante un almuerzo de trabajo con exponentes del sector público y privado para la presentación de los logros de Paraguay en la última asamblea de gobernadores del BID cumplida en Panamá, si bien se habló de lo que ya tenemos y que indiscutiblemente nos permite proyectar hoy una buena imagen ante el concierto de naciones, también de lo que nos falta para continuar mejorando y que hoy no forma parte del discurso político.

Los registros de la Subsecretaría de Estado de Tributación muestran que son contribuyentes del fisco solo 62.267 personas jurídicas (empresas o firmas), sin contar personas físicas cuya cantidad ronda unas 385.000 activas, mientras el Censo Económico encuentra 223.220 unidades económicas no financieras y 3.409 unidades económicas financieras.

Se mencionaba en aquel almuerzo que actualmente tenemos, sobre una población económicamente activa (PEA) de unos 3 millones de personas, alrededor de solamente un 10% bajo el ejido de seguridad social. Esto significa que los sistemas contributivos nos sirven para financiar solamente al 10% ese grupo de personas. ¿Y el 90% restante qué va a hacer? Lo más seguro es que comience a presionar políticamente para acceder a un sistema que será no contributivo.

El ahorro paraguayo se genera a través de los fondos jubilatorios. Hoy hay fondos jubilatorios por alrededor de 2.000 millones de dólares que están colocados en el sistema financiero a plazos cortos financiando el consumo. Estamos en una etapa de propuestas electoralistas, un momento más que oportuno para pensar las grandes transformaciones, pero que lastimosamente nadie hoy nos dice qué se hará y mucho menos cómo se puede lograr.

El Censo Económico encontró 736.599 personal ocupado, mientras que alrededor del 65% de la PEA (3.094.307 personas) no forma parte de los registros de la previsional, lo que significa que solo 3 de cada 10 son trabajadores formales. Esto representa uno de los principales obstáculos en el proceso de una mayor formalización del mercado laboral, tan necesario en un país como el nuestro, donde la pauperización de la mano de obra tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de nuestros trabajadores.

En este rubro pueden trabajar conjuntamente tres instituciones: Ministerio de Hacienda, IPS y el Ministerio de Justicia y Trabajo, pero existen obstáculos legales que no permiten armonizar los registros. Con certeza, se requerirá de una nueva ley para derrumbar arcaicas cartas orgánicas.

Hace un año, el IPS alcanzaba un extraordinario crecimiento en sus recaudaciones en concepto del aporte obrero patronal al totalizar 277.362 millones, 939.905 guaraníes (alrededor de US$ 64 millones al cambio de ese mes, G. 4.330 por cada unidad de dólar). Dicha cifra muestra un crecimiento de G. 58.273.716.230 (unos US$ 13,4 millones). Este incremento puede ser muchísimo más si nuestras autoridades se preocuparan en serio y realizaran un trabajo conjunto –Legislativo y Ejecutivo– para potenciar la capacidad del IPS para reducir la altísima evasión existente entre las empresas, que se muestran reacias para formalizar a sus trabajadores, impidiendo hasta con artimañas el registro de sus empleados, acorde a planilla real de sus establecimientos.

Administración de justicia

Otro punto que poco o nada forma parte del programa de gobierno que plantean los grupos en pugna por la primera magistratura de la Nación y que se puso sobre la mesa como foco de preocupación tiene que ver con la administración de justicia tan fundamental para garantizar los intereses de los agentes económicos que operan en el país y las futuras inversiones que podrían llegar de afuera a partir de una visión distinta sobre Paraguay que permite considerar al país como una pista más atractiva para el aterrizaje de capitales.

La falta de seguridad jurídica siempre fue considerada un factor de inhibición del crecimiento de nuestra economía y que de mantenerse vigente, continuará siendo un freno de mano accionado.

En Paraguay, la corrupción es la expresión de un modo de ejercer y administrar el poder, equivalente al saqueo de recursos públicos que deberían ser utilizados para políticas sociales. Por eso la corrupción es un negocio que funciona bien para unos pocos y muy mal para la gran mayoría, expresa el Centro de Estudios Judiciales, órgano dirigido por la exfiscala adjunta María Victoria Rivas.

El organismo se había expedido de esta manera respecto al informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de corrupción 2012, que ubica al Paraguay entre los países más corruptos.

El citado informe posiciona al Paraguay como el segundo más corrupto de Sudamérica, ocupando el lugar 150 de un ranking de 176 países.

Hay coincidencia en la necesidad de darle un nuevo rostro al Poder Judicial que se despoje de camisetas de partidos políticos y caracterizarse por ser metálico dependiente, dejando en un plano secundario la interpretación justa de la Constitución Nacional, las leyes y los códigos procesales.

La autonomía presupuestaria, figura bajo la cual actúa el Poder Judicial junto al Legislativo, desborda, deforma o destroza cualquier intento de confeccionar un presupuesto equilibrado, que quizá se deba discutir también dentro de un plan de responsabilidad fiscal presupuesto La medida, sin embargo, no alcanza al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, porque estas entidades tienen autonomía en el manejo de su presupuesto.

El mismísimo Estado ha sido y sigue siendo víctima de la estructura actual de la administración de justicia al perder casos que representan sangrías lamentables.

Al mirar estas cuestiones, un inversor internacional puede salir corriendo, porque si el Estado fue perjudicado en reiteradas ocasiones, con mayor facilidad puede ocurrirles a ellos.

Estos son temas fundamentales que los presidenciables deben instalar en el debate y que la ciudadanía tiene que observar y escuchar con mucha atención, inquirir sobre fórmulas propuestas, si es que tienen los candidatos, para la hora de elegir el próximo mes.

El trabajador que hoy no tiene seguro médico y cobertura de jubilación debe ser lo suficientemente inteligente a la hora de depositar su confianza para respaldar a un grupo capaz de exigir estos derechos que tiene la fuerza obrera porque, contrariamente, tendrá que desempeñar sus labores dentro de un laberinto informal apañado por un Gobierno incapaz de sanear nuestra economía que le permita avanzar a un ritmo mayor.

2.000

Hoy tenemos fondos jubilatorios por alrededor de 2.000 millones de dólares colocados en bancos a plazos cortos.

150

Un informe posiciona a Paraguay como el segundo más corrupto de Sudamérica, ocupando el lugar 150 de 176 países.

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