17 de Setiembre de 2017

 

¿Se termina el secreto bancario?

Por Dr. Víctor Pavón

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) pretende levantar el secreto bancario mediante una próxima iniciativa legislativa, de manera a que dicha oficina tenga el acceso a datos de cuentas bancarias de los particulares. A lo largo de estos años, ciertamente, el secreto bancario fue aprovechado por algunos delincuentes como refugio para evitar los controles sobre el origen del dinero y el crimen organizado. 

Meterse a indagar en las cuentas bancarias es una atribución muy delicada. Está bien si se utiliza para investigar probables conductas antijurídicas, mediante decisión del juez competente y bajo resguardo del debido proceso. Y está muy mal, siendo finalmente arbitrario, hurgar en las cuentas de los particulares por medio de resoluciones administrativas provenientes de una oficina de un poder del Estado, en este caso del Ejecutivo. 

Esta última forma es sumamente preocupante y es lo que la SET pretende. El levantamiento del secreto bancario condicionado a una oficina del Poder Ejecutivo es un fuerte estímulo para ofrecer “dificultades” y luego vender “facilidades” a los depositantes y ahorristas para hacerlos salir del problema. 

Muy diferente y saludable para la institucionalidad republicana sucede cuando el levantamiento del secreto bancario se encuentra supeditado al Poder Judicial, no siendo ésta una garantía absoluta, pero es mejor que la del Poder Ejecutivo. Es, además, un modo de poner en práctica el control y equilibrio de poderes así como disminuir el hostigamiento que hacen los políticos con fuertes relaciones de influencias con la corrupción. 

El secreto bancario no se encuentra fuera de la ley, es parte de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, un modo de resguardar la integridad patrimonial de las personas. El secreto bancario tampoco tiene como propósito y el sesgo de ocultar las cuentas bancarias, sino el de precautelar lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional. 

Nuestra ley fundamental, en efecto, garantiza el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y de la comunicación privada, siendo su exposición y análisis por parte de los órganos correspondientes una cuestión supeditada a la tarea judicial. Este es el punto que la SET como parte del Poder Ejecutivo no debe soslayar, ni tan siquiera en una sola línea del proyecto de ley en su intento por levantar el secreto bancario por medio de su actividad administrativa. 

(*) Decano de Currículum UniNorte. Miembro del Instituto Patria Soñada. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.

 
 

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