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Según informó la propia SET, el levantamiento del secreto bancario sería el siguiente paso que debe dar nuestro país “para avanzar en las recomendaciones internacionales sobre transparencia informativa” y, para ello, ya están trabajando en el diseño de un borrador de proyecto teniendo en cuenta que la expectativa es lograr la aprobación para el 2020, señaló días atrás la viceministra Marta González Ayala, quien fuera duramente criticada esta semana por haber trascendido una millonaria autoadjudicación de un sueldo “extra” en concepto de multas aplicadas a los contribuyentes.
Solo para la administración tributaria
Este levantamiento del secreto bancario es a los efectos de la administración tributaria, para que el ente pueda acceder sin intermediarios ni límites a los datos bancarios, y sin necesidad de obtener primero una orden judicial para el efecto.
La administración tributaria insiste en que la información confidencial sobre las cuentas bancarias particulares será de uso exclusivo de la misma y no hará trascender al público.
Al igual que la eliminación de las SA, el levantamiento del secreto bancario permitirá al fisco intercambiar datos con sus pares para fines preventivos y de investigación.
Nueva ley sobre SA
Previamente fue sancionada la ley que modifica las Sociedades Anónimas (SA) y que establece reglas de transparencia en el régimen de este tipo de sociedades. La norma dispone que todas las acciones de las SA sean nominativas en lugar de al portador, con base a la recomendación de el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Cabe recordar que la Asociación de Bancos (Asoban) impulsó fuertemente esta ley –que hoy está sancionada y en la espera de su promulgación–, debido a que es una de las exigencias a nivel internacional en materia de transparencia.
El gremio refiere que la tendencia mundial es que dejen de existir accionistas cuyos nombres sean desconocidos en el ámbito financiero.
Para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), esta ley sancionada por el Congreso se constituye en gran paso para prevenir actividades delictivas, porque los nombres de los dueños ya no estarán en el anonimato, lo que facilitará el control del perfil del cliente y los procesos de investigación. Reconocen también que consideran que esta normativa tampoco eliminará el testaferrato, pero resaltan que se constituirá en un gran obstáculo para estos delitos.