“Tenemos que ser alarmistas”

¿Hace bien el Ejecutivo en endeudar al país con más bonos soberanos y bonos colocados internamente? Hay dos cosas importantes por clarificar: por una gestión prudente de los últimos 10 años, el país, si bien no bajó el monto de la deuda del Estado paraguayo, mantuvo el nivel desde el 2003 en adelante y la economía creció mucho últimamente. Esto hizo que la relación entre la deuda y el PIB haya bajado de más del 40 % del 2002 a alrededor del 10 al 11 % entre el 2010 y 2011. Entonces, si uno mira eso, pareciera que la capacidad de endeudamiento del país es muy importante y, obviamente, cualquier aumento de la deuda no va a hacer que el Paraguay entre en una situación catastrófica ni de default en el corto plazo.

¿Y eso es cierto? Esa es una realidad cuando uno lo mira desde el corto plazo. El problema es que la dinámica de la deuda depende del déficit fiscal (más gastos que ingresos), porque, finalmente, el Estado se endeuda para poder cubrir un déficit que los ingresos normales que tiene no alcanzan a cubrir, gastos e inversiones. Ahí, lo importante es que el Estado puede hacer eso, pero se debe determinar qué tan sostenible es el ritmo al cual se está endeudando.

Me habló de dos puntos; este es el primero. Voy al segundo a partir de esto. La sostenibilidad de la deuda depende fundamentalmente de los niveles del déficit fiscal. Si uno tiene un nivel de déficit muy alto: 3, 4 o 5 % del PIB, lo que va a hacer es que la deuda crezca a ese ritmo cada año. Y aquí paso al segundo punto: lo fundamental es que uno defina una regla fiscal que gobierne este proceso de déficit y endeudamiento del Estado, de tal forma que pueda ser analizado, entendido, de que es un nivel o ritmo de endeudamiento que puede ser sostenible en el tiempo.

La ley de responsabilidad fiscal (LRF) está más o menos en ese camino, ¿no? En el Paraguay entramos en una situación fiscal muy crítica en el 2002-2003. A raíz de eso vino un plan de ajuste fiscal muy duro, entre el 2003 y 2004, con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y, a partir de allí, tuvimos ministros de Hacienda con perfil técnico y que, prácticamente, eran quienes definían la política fiscal. El ministro Borda fue quien más tiempo estuvo e instauró esta política de equilibrio fiscal o superávit fiscal, incluso, se mantuvo durante 10 años. El problema fue que cuando pasó este periodo, en el 2012, el Congreso aprobó un aumento salarial tan grande, del 35 %, que llevó al presupuesto a un déficit de 1,5 %, cuando venía de un superávit promedio del 1 %. Representó algo así como USD 600 a 750 millones.

¿Qué pasó entonces?. Si el Congreso iba a aumentar los salarios todos los años en esos niveles, obviamente nos iba a llevar por un camino de crisis fiscal muy rápidamente. Entonces, planteamos la ley de responsabilidad fiscal (LRF), que efectivamente fue presentada por el ministro Manuel Ferreira con apoyo del FMI, principalmente para definir los parámetros. Se estableció como tope un déficit fiscal que pueda ser sostenible con un crecimiento de la deuda que no nos lleve a un problema en el futuro. Esa fue la lógica y, al mismo tiempo, que se pueda controlar la expansión de los gastos corrientes. Las cosas están metidas en esa ley.

¿Y qué está fallando entonces? No se está aplicando correctamente esa ley.

¿Ese es el riesgo que tenemos? Mi preocupación surge en que si no hay una ley que gobierne esto, fácilmente, el proceso político llevará a un déficit fiscal insostenible, porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y cada vez que se discuten cuestiones tributarias, todo el mundo se opone y no hay forma de aumentar los impuestos, entonces crecen los gastos. Los impuestos no se pueden tocar, por lo que esa brecha se va financiando cada vez más grande con déficit, con deuda.

¿Cuál sería la medida prudente ahora? Que se apliquen y se respeten los límites de la LRF: 1,5 % de déficit máximo, que implica más o menos un saldo negativo total de quinientos y algo de millones de dólares a valores de hoy. Para financiarlo, nos vamos a tener que endeudar, y ese déficit va a estar explicado en un 100 % por inversiones en infraestructura, porque no se podrá tener déficit en gastos corrientes. Porque se debe respetar la otra parte de la ley, que habla de que los gastos corrientes pueden crecer como máximo 4 %, más la inflación proyectada para el año de vigencia del presupuesto, en tanto que los salarios del funcionariado público no puede ser ajustado, a no ser que haya un aumento del salario mínimo para los otros trabajadores del sector privado.

En conclusión: el nivel de endeudamiento no es grave, sino el ritmo en que nos endeudamos. Exactamente, eso es lo peligroso. La versión prudente del ritmo de endeudamiento sería respetando la LRF, y eso es lo que estoy tratando de explicar hace al menos seis meses y no logro que entre esa idea. Si tenemos la ley y la respetamos, no hay problema; podemos endeudarnos de 10, 15, 20 a 30 años. No vamos a tener problemas con el cumplimiento de la deuda.

Ahora, con estos endeudamientos que hicimos, ¿vamos a terminar por encima del tope permitido? La emisión de deuda de USD 1000 millones del año pasado está muy por encima de lo que estaba si íbamos a respetar la LRF. Este año, el déficit no debería superar el 1,5 %. Cuando hago ese cálculo y veo la emisión de los USD 280 millones que se hizo ahora, y si no se van a hacer emisiones nuevas, te aseguro que se va a poder cumplir lo que está en la LRF para este año.

Se dice que el país se endeuda para pagar deudas. ¿Eso es cierto? Hay vencimientos de la deuda interna —desconozco los montos— que, dentro de las posibilidades de uso del dinero recaudado con las emisiones de bonos, pueden ser usados también para cancelar otros bonos o vencimientos de deuda. Eso, de por sí, no es malo, pero no he visto un solo país en el mundo que haya reducido su deuda. Significa que cuando te endeudás y la deuda pasó de 2000 a 2500 millones, eso ya es permanente por los próximos 100 años.

En la práctica, es un bicicleteo. Cuando tenés una deuda, vas a tener que empezar a bicicletear. Por eso, el ritmo de endeudamiento es tan importante.

El hecho de que esos recursos vengan sin ningún condicionamiento, como el caso de los bonos soberanos, ¿representa un riesgo real? Yo creo que es un riesgo para el sistema político. El Estado está muy poco institucionalizado, entonces la facilidad para conseguir esos fondos hace que haya una alta posibilidad de que el destino final de esos fondos no sea el más razonable desde el punto de vista de la evaluación de cualquier proyecto de inversión. Preferiría fondos de las multilaterales porque, por lo menos, hay una evaluación previa de proyectos, aunque podamos discutir que sean buenos o malos.

Se puede hacer lo que se quiere con ese dinero. Nadie te va a preguntar nada, lo único que tenés que hacer es cumplir al vencimiento con el pago correspondiente.

Otra crítica es la calidad del gasto público. El Estado se endeuda, pero gasta mal. De vuelta es un problema relacionado con la institucionalidad, que viene muy comprometida con asignaciones de muy mala calidad en el gasto público. Si es tan fácil, que decidís a las 7:00 la emisión de los bonos y, al mediodía, ya te acreditaron la plata en tu cuenta, podés llevar a un empeoramiento de la calidad del gasto, porque es muy fácil conseguir el dinero.

Si nos desbordamos incumpliendo la LRF, ¿podemos terminar con un aumento de impuestos? Si no cumplimos la ley, creo que el déficit va a ser creciente y en algún momento, cuando los tenedores de bonos nos digan: ‘Llegaste a una situación que ya no te quiero prestar más’, en ese momento ocurrirá lo que pasó en el 2002: no te prestan más, entrás en una crisis y allí, obviamente, tenés que hacer un montón de cosas. Lo que siempre ocurre —en la mayoría de los casos y en todos los países del mundo— es que nunca se reducen los gastos, sino más bien se aumentan los impuestos.

Algunos consideran que se está siendo muy alarmista con esta cuestión. Es cierto, porque estamos en el punto de partida. Si uno mira desde ese punto, hoy sí somos alarmistas, pero creo que lo somos por alguna razón concreta. Nuestra historia nos dice que tenemos que ser alarmistas y si no lo somos ahora, que podés corregir todavía la situación, después podés ser alarmista todo lo que quieras, pero ya no hay solución al problema.

CÉSAR BARRETO

Economista por la Universidad Nacional de Asunción. Magíster en Economía Aplicada, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. Ha ocupado importantes cargos gerenciales en el sector bancario y de telecomunicaciones, como el de gerente de Productos de la Banca Corporativa Citibank, NA Asunción; gerente general y director de Relaciones Externas de Hutchison Telecom.

Se desempeñó, además, como asesor económico del Equipo Económico Nacional y asesor económico de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Diputados. Socio de la Consultora Macroanálisis. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Desarrollo en Democracia, ocupó el cargo de director ejecutivo de la misma hasta el 2005, año en que asumió la presidencia de la Agencia Financiera de Desarrollo. Posteriormente, fue nombrado ministro de Hacienda del Paraguay, cumpliendo con dicha función hasta mayo de 2008. En la actualidad, se desempeña como ejecutivo de Banco Familiar.

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