Lunes, 22 de Setiembre de 2014
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  • Alegan pérdida para hacer negocio y piden US$ 33,5 millones

    La pérdida de chance u oportunidad para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario de 200 millones de dólares en Asunción, actualmente en plena ejecución, motivó dos procesos judiciales por indemnización de daños y perjuicios que se tramitan actualmente en el Palacio de Justicia por un total de 33.500.000 dólares. El accionante ya promete acudir a tribunales internacionales contra el Estado paraguayo “si no se corrigen chicanas” que demoran la tramitación de los casos.

  • Diez años, tres juicios y veinte condenados

    A 10 años del secuestro y crimen de la hija del expresidente de la República Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas Gusinky, ya se han realizado tres juicios, existen 20 personas condenadas, pero la batalla judicial no terminó aún. Está pendiente de realización un nuevo juicio con relación a tres acusados cuya absolución fue anulada, así como la aprehensión de varios implicados en el caso, para su posterior enjuiciamiento. Mirta Gusinky, madre de la joven, abogó por la implementación de la cadena perpetua para responsables de crímenes como los que segaron la vida de su hija.

  • Parte de US$ 600 millones remesaron a paraísos fiscales

    Parte de los US$ 600 millones de dólares remesados al exterior en el 2011, mediante operaciones sospechosas fueron a parar en paraísos fiscales y en países en donde se financian el terrorismo. Esto se desprende de la acusación del Ministerio Público contra Sady Caríssimo, quien figuraba como presidenta de la firma ficticia Strong. El dinero remitido, según la investigación de la fiscalía, es producto del contrabando, la falsificación, narcotráfico y otros hechos punibles. Ahora se espera que se identifique a los dueños de la plata, que se ocultaron detrás de las empresas de portafolio.

  • Imputación revela varios indicios contra dueños de Maxton

    En su imputación, la fiscala Stella Mary Cano sostiene que existe una serie de indicios que hace presumir la participación de César Menchaca y Rosana Morel Bordón, en el hurto de varias cajas de seguridad de la empresa Maxton, de la cual son dueños. La agente del Ministerio Público resalta las contradicciones de los encausados y de estos con el guardia de seguridad, que también se encuentra privado de su libertad. La fiscalía les atribuye a los procesados numerosos hechos punibles. A continuación se transcribe la imputación que se presentó ante la justicia:

  • Se incrementa la producción de marihuana

    Las últimas operaciones efectuadas en la zona norte del país por los antidrogas confirman que la producción de la marihuana ha aumentado ostensiblemente en los últimos meses. Igualmente se pudo detectar que las estructuras criminales que se dedican a este rubro han mejorado el sistema de procesamiento y de envío de la “mercancía” a las naciones de la región, como Brasil, Uruguay y Chile. En estos países la “macoña” paraguaya es muy codiciada, por lo que es comercializada a un costo muy elevado, hecho que motiva aun más a los traficantes por las ganancias que genera. En menos de diez días, efectivos de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confiscaron más de 38.000 kilos de la droga en Canindeyú, Concepción y Amambay.

  • Jurado sienta postura sobre artículo 26 de la ley antidroga

    El Jurado de Enjuiciamiento dejó sentada la postura de que para castigar el tráfico de estupefaciente, el acusado no requiere la calidad de importador o exportador. Interpretar la ley en forma contraria “sería como exigir a un sujeto que solicite una autorización previa para realizar un acto ilícito, el que, sin tal autorización no será castigado”, afirmó el órgano juzgador en un fallo, en el que apercibió a dos magistradas, y que deja un precedente. Se dieron varios casos en los que los magistrados realizaron una interpretación distorcionada del artículo 26 de la Ley 1340.

  • Insisten en ley para la lucha contra los delitos informáticos

    La Fiscalía Adjunta de Delitos Informáticos insiste en la necesidad de la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley de conservación de datos de tráfico de internet, específicamente con relación a las IP, aclarando que no se guardarán el contenido de las comunicaciones, sino el tráfico de las mismas, tal como ocurre con los registros de llamadas telefónicas.

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