Lunes, 29 de Junio de 2015
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  • Una explosión que deja muertos y misterios

    A pesar de que para las autoridades fue un atentado de la autodenominada Agrupación Campesina Armada, la muerte del capitán de Ingeniería Enrique Daniel Piñánez y del suboficial José González Ferreira arroja más dudas que verdades a partir del momento en que se intentó ocultar que había una cuarta persona en la camioneta siniestrada, pasando por todas las explicaciones contradictorias que dieron las autoridades, la omisión de llamar a vecinos del lugar del hecho, hasta las fuertes declaraciones del Gral. (SR) Herminio Piñánez, padre de una de las víctimas, que denunció que lo ocurrido fue producto de la corrupción en la Fuerza de Tarea Conjunta. El hecho se registró el pasado 26 de noviembre en Cuero Fresco, Horqueta.

  • Ortigoza, en silencio ante graves acusaciones

    Menos de un año de gestión al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) le valieron a Ignacio Luis Ortigoza nada menos que cuatro procesos penales. Sindicado por la Fiscalía de haber ocasionado un perjuicio multimillonario al Estado paraguayo, Ortigoza prefiere el silencio. Nunca declaró ante la Fiscalía y también se excusó de hacerlo ante la prensa. En la misma temática, su defensor Carlos Battaglia, dijo que tampoco hablará hasta que se realice la audiencia preliminar. Mientras, el Ministerio Público presentó dos acusaciones y, al parecer, las demás causas van por el mismo camino.

  • “Poder Judicial debe mejorar su gestión administrativa”

    El Poder Judicial debe mejorar y agudizar su gestión administrativa para ofrecer un buen servicio a los usuarios, combatir la corrupción, disminuir la morosidad, cumplir con efectividad su misión jurisdiccional y así ganarse la confianza de la ciudadanía, sostuvo Linn Hammergren, experta internacional en gestión judicial, que vino al país para dictar charlas a magistrados y estudiantes de derecho. Acompañada de Fátima Andrada y Dora Cristaldo, del Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceanso), la señora Hammergren habló de aspectos que el Poder Judicial debe tener en cuenta para realizar una buena gestión.

  • La violencia se institucionaliza en América Latina

    Un Estado con instituciones débiles y susceptibles a la corrupción facilita la consolidación del crimen organizado. Esta es la realidad en América Latina, una región que concentra el 37% de los homicidios cometidos en la tierra, a pesar de que alberga solamente el 8 por ciento de la población total del planeta. La nula acción fiscal, la militarización de las fuerzas de seguridad y falta de fuentes laborales también figuran entre sus principales factores. Aunque Paraguay tiene una tasa de asesinatos menor en relación a otros países, la violencia letal se ha acrecentado en la “frontera seca” con Brasil por el narcotráfico.

  • Corte confirma a fiscal que indaga millonaria evasión

    El fiscal Ariel González Ayala fue confirmado por la Sala Penal de la Corte para que siga con la investigación por evasión de impuesto de unos US$ 5 millones, usurpación de funciones y producción de documentos no auténticos. En esta causa están imputados varios miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Chortizer. El abogado denunciante, Federico Campos López Moreira, había solicitado la prisión de los encausados, que mediante maniobras lograron trabar la audiencia de imposición de medidas, en la que el juez Blas Cabriza debe decidir si los envía o no a la cárcel.

  • Cerebro de lavado estuvo más tiempo prófugo que en prisión

    Felipe Ramón Duarte, sindicado por la Fiscalía como “cerebro” de lavado de 660 millones de dólares, fue beneficiado con el arresto domiciliario por una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este. Los magistrados que votaron a favor del procesado ignoraron el peligro de obstrucción de la investigación y de fuga. Duarte estuvo más de diez meses prófugo y solo seis meses en la cárcel. La Corte dispuso una auditoría de la gestión de los miembros del Tribunal.

  • Fiscalía insiste en mantener preso a Sosa Palmerola

    Ante el peligro de obstrucción de la investigación y la gravedad del hecho que se le atribuye, la Fiscalía solicitó a la Cámara de Apelaciones que confirme la prisión del imputado Carlos Sosa Palmerola en la cárcel de Tacumbú. El encausado está sindicado como el instigador del hecho punible de lesión de confianza en perjuicio de ÁRA SA de Finanzas, de donde se esfumaron más de US$ 14 millones y casi G. 2.500 millones. La defensa por su lado insiste en la revocatoria de la prisión y alega que no existe peligro de fuga ni de obstrucción del caso investigado por el Ministerio Público.

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