La Corte había ordenado una auditoría de gestión de los jueces de Ciudad del Este, que en un año liberaron a 169 procesados por tráfico de droga. El informe preliminar del trabajo revela que los magistrados pisotearon la ley para otorgar reclusión domiciliaria y libertad ambulatoria a los encausados, muchos de los cuales incluso fueron beneficiados con el procedimiento abreviado pese a que del poder de los encausados se había incautado más de dos kilos de cocaína.
“Los magistrados que concedieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva no han considerado la prohibición prevista en las modificaciones del artículo 245 del Código Procesal Penal”, afirma entre otras cosas el documento que ya fue entregado a los ministros de la Corte.
Los jueces imprimieron trámite de procedimiento abreviado previsto en el artículo 420 del Código Procesal Penal, “cuyo primer requisito para la admisibilidad es que se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima inferior a 5 años o una sanción no privativa de libertad”. Sin embargo, los beneficiados estaban procesados por el artículo 27 de la Ley 1340/88, que establece un marco penal de 5 a 15 años de penitenciaría, dicen los auditores.
La abierta violación a la ley no solo fue cometida por los jueces Cleto Quintana, Adolfo Genes y Neyder Alarcón de Duarte, quienes ya fueron removidos por el Jurado, sino también por otros magistrados del Alto Paraná y Canindeyú.
La auditoría revela los nombres de más jueces que beneficiaron a los presuntos narcos, como Efrén Giménez, Carmen Barrios, Graciela Flores, Alba García de Zúñiga (ascendió a camarista), Norma Martínez de Gamarra, Amílcar Marecos, César Nider Centurión, Teresita Ricardi.
Tanto César Nider como Ricardi ya están enjuiciados por el Jurado y la acusación fiscal recomienda la destitución de ambos. Sin embargo, gracias al senador Jorge Oviedo Matto no se trató el caso del primero y por pedido del diputado liberal César López, no se analizó la situación de Ricardi.
La auditoría también resalta por otra anomalía que al solo efecto de tramitar la revisión de medidas de los privados de su libertad por tráfico de droga, los expedientes eran remitidos a jueces de sentencia en el mes de enero. Se ignoraba a la Oficina de Coordinación de Juicios Orales, que se encuentra cerrada en la feria.
La Corte Suprema resolvió a apurar al director de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Mario Elizeche, para que presente una conclusión final.
Según fuentes, ahora se aguarda la postura de los jueces, a quienes se les corrió vista de las irregularidades detectadas en los expedientes tramitados en los juzgados a sus cargos.
El presidente de la Corte, Antonio Fretes, aseguró que no se apañará a nadie.
Por su parte, el ministro César Garay, ante las publicaciones de las lujosas residencias de algunos magistrados, propuso y fue aprobado por el pleno que los jueces informen el origen de su riqueza. Garay dijo que esa es atribución del máximo tribunal, en su carácter de superintendencia.
El citado ministro también se había opuesto a la confirmación del criticado juez Trinidad, que pese a los cuestionamientos la Corte lo ratificó.