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“Yo te voy a conseguir el fallo de Bajac, pero tenes que pagar...”, se escucha decir al funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán al empresario Neri Páez en una de las tantas reuniones que tuvieron ambos, l que fue filmada con la autorización de un juez.
El asistente personal del ministro Miguel Óscar Bajac, Gustavo Franco, también estuvo pidiendo dinero, según se desprende de la conversación grabada, y no se descarta que también sea imputado por la fiscalía.
Rafael Ramírez, quien es oriundo de la ciudad de Concepción, al igual que el ministro Bajac, fue a solicitarle a Páez que firmase dos contratos por un monto de G. 3.700 millones cada uno a nombre de los abogados Ramón Aquino y Juan Ávila, para poder torcer el voto del miembro de la Corte a favor de una causa que estaba hace casi un año siendo estudiada por la Sala Civil.
Ramírez aseguraba que con el pago del dinero el voto de Bajac estaba asegurado, pero también solicitó un adelanto de dinero.
El lunes 2 de julio, Neri Páez denunció que estaba siendo objeto de una extorsión. Los fiscales Luis Piñánez y Victoria Acuña tomaron intervención, y esa misma tarde solicitaron al juez de turno, Paublino Escobar, que autorice la grabación y filmación de este caso, para poder detener a los responsables.
Desde ese momento, toda conversación entre Páez, Ramírez, Franco y Bajac fueron grabadas.
Ramírez le citó a Páez en la plaza que se encuentra frente al Palacio de Justicia, de Asunción, para que le hiciera la entrega de US$ 10.000.
Se marcó el encuentro para el mediodía, y se montó un operativo oculto. Efectivamente, Rafael Ramírez llegó a la cita, y Páez el entregó el dinero, que antes ya fue fotocopiado y detallado en acta. Ambas personas se encontraron, se hizo la entrada, y cuando Ramírez se iba retirando del lugar, fue detenido in fraganti.
El caso
Neri Páez relató que tenía un problema judicial con la Industria Nacional del Cemento (INC) por un trabajo que le realizó la empresa Cal Agro (de su propiedad) en la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos y que la cementera no pagó.
La empresa denuncio a la INC, y el caso se judicializó. En primera instancia, ganó la cementera nacional, pero en segunda revirtió la empresa privada, por lo que el caso fue a parar en la Corte Suprema.
Al decir de Páez, desde que el expediente en el cual se reclama un pago de US$ 40 millones, estuvo en la Corte, comenzaron los aprietes. Cansado de eso realizó la denuncia. ante el Ministerio Público.
Al parecer, según las primeras investigaciones existe todo un equipo de funcionarios judiciales y abogados que están realizando un esquema para negociar casos que están en la Corte Suprema de Justicia.
Si bien todavía no existen elementos contundentes respecto a que son efectivamente los dos ministros de la Corte citados los que presuntamente pidieron el dinero, la fiscalía anunció que va investigar a Miguel Óscar Bajac, cuyos funcionarios están más comprometidos con todo este tema.
El presidente de la Corte, el doctor Raúl Torres Kirmser, por su parte, también ordenó que sea auditado el caso y que se ponga todo lo que la fiscalía requiera para llegar a esclarecer este caso.
El denunciante Neri Páez, en su denuncia, también había señalado que fue varias veces a la casa del ministro Bajac para conversar con él sobre el arreglo de su proceso y también lo visitó en su despacho en el Palacio de Justicia.
Esta última aseveración es fácilmente comprobable; solo es necesario que la máxima instancia judicial entregue a los investigadores el circuito cerrado de la Corte.
Es más, el doctor Torres Kirmser, en la conferencia de prensa que dio tras conocerse el caso, dijo que todo está grabado y se puede comprobar que nunca recibió a Páez en su despacho.
Tras escándalo sacan el fallo
Tras el escándalo que se desató con la intervención de la fiscalía a través de una cámara oculta y la detención de un funcionario judicial que cobró una coima a nombre del ministro Miguel Óscar Bajac, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia apuradamente emitió el viernes, en tiempo récord, el fallo contra la empresa Cal Agro y de esa manera se lavó las manos para deslindar responsabilidad en el proceso.
El caso ingresó a la Corte el 8 de agosto pasado y se sorteó como preopinante al Dr. Raúl Torres Kirmser, quien el 12 de febrero de este año emitió su voto en contra de la firma Cal Agro. Luego el expediente fue al gabinete del ministro Bajac, quien emitió su voto y el 24 de abril envió el caso al despacho del ministro César Garay Zuccolillo, pero el 5 de junio, Bajac volvió a pedir el expediente para cambiar su voto. Recién el 18 de junio pasado volvió a reenviar los tomos a su colega Garay.
Sin embargo en tiempo récord (24 horas) después de conocerse el pedido de coima, ya se apuró el voto del Dr. Garay y el caso salió en contra de Cal Agro.
“La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 06 de julio de 2018, resolvió: No hacer lugar a la demanda de resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios que promovió la firma Cal Agro S.A. contra la Industria Nacional del Cemento”, dice en su parte resolutiva la sentencia.
El Dr. Torres Kirmser señaló que existió claramente la voluntad de cumplir con el objeto del contrato licitado de parte de la INC.
“Del análisis del material probatorio obrante en autos se puede afirmar que, no solo no existe prueba alguna que sea idónea para acreditar la intención de cumplir con su obligación por parte de la actora, sino que, muy por el contrario, el incumplimiento de la prestación a su cargo surge patente de sus propios dichos” apuntó el preopinante.
En la última parte señaló que “la demanda de resolución de contrato e indemnización de daños no puede tener andamiaje favorable, dado el flagrante incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratante Cal Agro S.A. en virtud del contrato cuya resolución pretende”.
A este voto se adhirió el ministro Miguel Óscar Bajac y se apuró el último voto (del Dr. Garay Zuccolillo) para sacar el viernes a última hora el fallo y tratar de desligarse del escándalo que generó la denuncia y posterior detención de un funcionario judicial.
Bajac sacó un tibio comunicado
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, quien fue el más salpicado por el escándalo del pedido de coima, no dio la cara tras el hecho.
Solo hizo llegar a los periodistas un tibio comunicado en el que señaló que el señor Rafael Ramírez Doldán no forma parte de su gabinete y que ostenta el cargo de técnico administrativo, asignado a la oficina de Facilitadores Judiciales, datos que ya se sabían, horas después de que se realizó el operativo por parte de la fiscalía.
“Por último, debo referir que el cargo que ocupo se encuentra expuesto a estas penosas situaciones, de las cuales me encuentro ajeno”, apuntó el ministro Bajac, quien el viernes se jubila y deja el cargo.
Sin embargo otro de sus funcionarios, Gustavo Franco, también está salpicado por este hecho y el ministro se olvidó por completo de esta persona que sí está a su cargo y sí forma parte de su gabinete. Franco también fue citado en la denuncia y si bien no estaba en el momento en que se cobró la coima, los fiscales Luis Piñánez y Victoria Acuña dejaron abierta la posibilidad de imputar a otras personas una vez que se cuenten con más pruebas. Existen grabaciones de conversaciones y filmaciones que todavía están siendo analizadas y podrían haber más novedades en los próximos días.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Raúl Torres Kirmser, quien fue nombrado por el denunciante, estaba haciéndose unos estudios en un centro asistencial privado y al enterarse del caso, dejó su atención médica y regresó al Palacio de Justicia a aclarar el tema; dijo no tener nada que ocultar, por eso salió a hablar. También manifestó estar tranquilo y no tener nada que ver en este caso.
El denunciante dijo que le hablaron de un dinero que tenía que cobrar el Dr. Torres Kirmser, pero que nunca ninguno de sus funcionarios se le acercó y tampoco habló con el presidente de la Corte.
Pero Neri Páez fue muy contundente al señalar que no solo fue “visitado” por los funcionarios de Bajac, sino que también dijo que se reunió doce veces con el ministro en su casa, también apuntó que vino varias veces hasta el despacho de Bajac, pero el integrante de la máxima instancia evitó dar una conferencia de prensa, tal vez para no tener que responder incómodas preguntas y solo hizo un descargo a través de un escueto comunicado que llegó a los periodistas a través de la dirección de prensa de la Corte.
1. Última semana
El doctor Miguel Óscar Bajac entra en su última semana de trabajo, ya que el sábado 14 de julio cumple 75 años, y tiene que jubilarse. Hasta este viernes, el ministro estará en funciones; luego perderá todos los privilegios que el cargo le otorgaba, y queda como un ciudadano más, para ser investigado por este hecho en el que dos de sus funcionarios de confianza supuestamente invocaron su nombre para pedir coimas a una persona que tenía un pleito en la Corte.
2. Prisión para Ramírez
El juez penal de garantías de turno, Julián López, le tomó la audiencia de imposición de medidas a Rafael Ramírez y, tal como pidieron los fiscales del caso, dispuso su prisión. El viernes, Ramírez fue imputado por el hecho punible de tráfico de influencias. Ahora los investigadores esperan la desgrabación de los audios y videos que se lograron obtener con orden judicial, para ver si hay más implicados en el caso a fin de solicitar también su procesamiento.
3. Equipo de abogados
Neri Páez denunció que le obligaron a firmar un millonario contrato con dos abogados, Ramón Aquino y Juan Ávila, quienes serían del equipo de abogados que operaría en un esquema de aprietes judiciales. Al decir de Páez, si el fallo salía a favor de la empresa CalAgro SA, debía pagar G. 3.700 millones a cada profesional del derecho, y ese dinero sería enviado a los dos ministros de la Corte que fueron nombrados en las negociaciones que llevó adelante Ramírez.