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La nueva Ley orgánica 5757 entró en vigencia el 25 de agosto pasado, cuando quedó conformada la nueva cúpula, con 43 cargos de comisarios generales, a diferencia de los 19 que había con la ley anterior, la N° 222.
Además de los ascensos en masa, el comandante actual, comisario general director Luis Carlos Rojas Ortiz, sorpresivamente destituyó de sus respectivos cargos a seis de los miembros de su cúpula, todos de la promoción 1987, que incluso estaban en situación de ascenso al grado superior inmediato, pero que por ende debían pasar a retiro.
Los cesados fueron el comisario general director Fidencio Elpidio Jacquet Acuña, de la dirección general de Bienestar Policial; y los comisarios generales inspectores Luciano Capdevila Pico, de la dirección de la Sexta Zona Policial; Optaciano Cardozo Riquelme, de la dirección de la Tercera Zona Policial; Darío Fermín Aguayo Vázquez, de la dirección de Apoyo Táctico; Miguel Ángel Leguizamón Figueredo, de la dirección de Justicia Policial, y Atilio Gabriáguez Torales, de la dirección Administrativa.
Excepto Jacquet, quien pidió su pase a retiro para entrar a la política, los otros cinco presentaron recursos de amparo para tratar de evitar su pase a retiro y seguir en actividad. Al grupo se sumó el comisario general inspector Adalberto Brizuela Velaztiquí, quien ya había sido cambiado de la dirección Administrativa durante la gestión del anterior comandante, Críspulo Sotelo, pero que aún figuraba a disposición.
Los seis comisarios generales inspectores invocan el artículo 72 de la nueva ley orgánica de la Policía Nacional, que según dicen establece claramente que ellos deberán permanecer en el citado rango por dos años y que la única manera en que pueden ser enviados a retiro es si no ascienden a comisario general director al cabo de dicho periodo de tiempo.
La institución, a su vez, alega que la misma ley orgánica recientemente aplicada dice entre sus disposiciones transitorias y finales que, por única vez, se podrán efectuar ascensos o pases a retiro como los que se ejecutaron.
En concreto, cuatro de los amparos fueron rechazados por los magistrados designados y dos quedaron aprobados. Los que fueron beneficiados son Miguel Leguizamón, por el juez Hugo Bécker, y Darío Aguayo, por la jueza Graciela Isabel Rolón. De este modo, ambos comisarios generales inspectores, de momento, no podrán pasar a retiro, ya que los fallos de los magistrados suspenden los efectos de la resolución del último tribunal de calificaciones que fue celebrado hace un mes y en el que se decidió el pase a retiro de los seis amparistas y de otros tantos efectivos.
La Policía, por su lado, apeló ambos fallos, lo que prolongó aún más esta batalla judicial que en otras épocas era impensada, debido a que se trata de una institución jerárquica, obediente y no deliberante. Más allá de que el comandante tenga la atribución lógica de destituir a quien quiera, y del derecho a seguir en actividad que dicen tener los seis comisarios generales amparistas, esto puede dejar un nefasto precedente en la Policía, debido a que en adelante cualquier agente descontento con su cambio puede recurrir a la justicia para seguir operando, pese a la oposición de sus superiores, lo que a su vez quebrantaría directamente la disciplina de la institución.