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Los audios que se hicieron públicos a través de ABC Cardinal dieron pie a que el 28 de diciembre del año pasado la fiscala Victoria Acuña impute por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal a Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Raúl Fernández Lippmann, en tanto que los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva están procesados por tráfico, soborno y asociación.
Sin embargo, ni bien se presentó este escrito, las defensas comenzaron a incidentar el proceso. Pidieron la nulidad de la imputación y la nulidad de los audios. También comenzaron las recusaciones contra fiscales y jueces a modo de ir trabando el desarrollo de las investigaciones.
Mirando 10 meses después de esta imputación, se puede concluir que los incidentes dilatorios tuvieron su efecto. Ninguna de las cinco personas imputadas fue a la audiencia de imposición de medidas, diligencia que viene las tras la imputación, por esa razón todas ellas están sin medidas restrictivas y libres, salvo González Daher, quien está preso, pero por otra causa.
La defensa de Óscar González Daher, ejercida por la abogada Sara Parquet, es la que más trabó el proceso. Luego de muchas idas y vueltas para designar a un juez, finalmente el caso quedó en poder del magistrado Rolando Duarte, quien había fijado fechas para las declaraciones de todos los imputados, pero una vez más el ahora exsenador colorado González Daher planteó a través de su defensa legal un incidente que hizo que el expediente vaya a la Cámara de Apelación y no se lleven a cabo las diligencias.
Nulidad de audios
Un punto atacado por las defensas es la nulidad de los audios, donde se escucha a los imputados en mayor o menor medida operando en forma descarada para torcer la justicia desde la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que era ejercida por Óscar González Daher, quien tenía como brazo ejecutor a su secretario Raúl Fernández Lippmann.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ordenó que los audios filtrados sean auditados y se llegó a la conclusión de que en tres casos se logró identificar a las personas que hablaban y operaban para beneficiar a los amigos de González Daher y clientes de los abogados procesados.
De esta manera, la auditoría demostró en tres casos específicos que hubo faltas administrativas. Pero lo que se rescata es que los audios tienden a demostrar que los delitos por los que se imputó a las cinco personas se cometieron y deberían ser perseguidos por la justicia.
Sin embargo, pese al avance que se dio con la auditoría de la Corte, la investigación penal se retrasa debido a las múltiples chicanas que van presentando las defensas de los imputados.
victor.franco@abc.com.py