/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/KIOG6EH7SFEGHBI6SFD3DAMSWI.jpg)
Cargando...
La cámara de un canal de televisión recorría las turbulentas calles de Asunción, donde manifestantes del marzo paraguayo caían uno tras otro, blanco de francotiradores, mientras exigían la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas.
De repente, la cámara se detiene en Paraguayo Independiente casi 14 de Mayo. Del otro lado del lente, con una pistola 9 mm en la mano, un joven vestido con remera y bermuda dispara hacia la multitud. Lo acompaña otro muchacho que carga un rifle con mira telescópica, que el francotirador alterna con la pistola para disparar a la gente.
Con una frialdad que impresiona, lo hace a la vista de todos, sin dudar ni disimular, como si estuviera en un stand de tiros. Se trata de Walter Gamarra, estudiante del tercer año de Economía, funcionario de Hacienda, específicamente de Impuestos Internos.
La imagen de Gamarra con la pistola en la cintura y el rifle en mano, en nada recuerda al funcionario que horas antes había estado atendiendo las inquietudes de adultos mayores, que concurrían a diario al Departamento de Jubilados, donde prestaba servicios. Versiones que circularon en la época señalaron que se produjeron disparos desde la azotea del edificio Zodiac y de la terraza del Congreso.
Lo cierto y lo concreto es que perdieron la vida en aquella ocasión los jóvenes Tomás Rojas, Manfred Stark, Armando Espinoza, Víctor Hugo Molas, José Zarza, Henry Díaz, Cristóbal Espínola y Arnaldo Paredes.
El abogado Rodolfo Aseretto, abogado del Comité de Iglesias que intervino como querellante en representación de las familias de Stark y Ruiz Díaz, explicó que la investigación realizada en aquel entonces también abarcó la actuación de las fuerzas policiales y derivó en la apertura de tres causas, posteriormente acumuladas. El 9 de noviembre del 2001, el juez Jorge Bogarín condenó a Gamarra a 25 años de cárcel, a los comisarios Niño Trinidad Ruiz y Lidio Ramón Torales, Comandante y director de Orden y Seguridad, a 18 años de prisión y a Héctor Martín Flores y Nelson Orlando Ortellado (que aparecen en la foto dando indicaciones a Gamarra), a 4 y 3 años, respectivamente.
El juez en lo civil Hugo Bécker, quien reemplazó a Bogarín en el caso, condenó a otras personas posteriormente.
El 25 de setiembre del 2007 los camaristas Linneo Ynsfrán, Manuel Rodríguez y Oscar Paiva Valdovinos revocaron la sentencia dictada el 25 de abril de 2003 por el juez Hugo Bécker, en la parte que condena al entonces senador Enrique González Quintana, Mabel Escobar de Bogado, Aída Dianora Aquino de Farías, Octavio Gómez Martínez, Nardi Manuel Gómez Cattebeke, Carlos Duria Viveros, Alfredo Bernardo Florenciáñez Gissons y Eduardo Meyer por perturbación de la paz pública y declaró la absolución de culpa y pena de todas las personas citadas anteriormente, tras concluir que “la prueba ha sido valorada en forma errónea, arbitraria, incompleta e infundada, de modo que las conclusiones a las que se llegan no sean suficiente sustento para señalar que se ha llegado a la necesaria demostración de culpabilidad’’.
La sentencia judicial también benefició a Richard Gómez, César Augusto Durán Barboza, Luis Daniel Sarquis, Sever Monges Acosta, Roberto González Benítez, Juan Félix García, Derlis Ramón Dávalos Acosta, Moisés José Adle Monges, Gustavo Adolfo Cubilla, Miguel Monges Acosta, Rubén Cristian Leiva Alarcón, Alejo Sinforiano Monges Pereira, Alcadio Limpio Dávalos, Carlos Egisto Maggi Vera, Amado Enrique Yambay Velázquez, Carlos Andrés Cubas Vildosola y Atilio Monges.
CHIVO EXPIATORIO
El condenado excomandante de la Policía Niño Trinidad Ruiz Díaz declaró que fue víctima de persecución política y que francotiradores dispararon desde el techo del Congreso, donde la Policía fue impedida de ingresar.
MUERTE VIOLENTA
En la mañana del 13 de noviembre del 2014 el comisario general inspector (SR) Lidio Ramón “Yiyo” Torales, 63 años, fue asesinado a tiros en el local de venta de pollos “Misioneros Libres”, de su propiedad, en Concepción.
Indemnización para exsenador
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estudia una acción de inconstitucionalidad promovida por el exjuez Jorge Bogarín González, contra el fallo de la Cámara de Apelación que lo condenó al pago de más de G. 5.000 millones al exsenador José Francisco Appleyard, en concepto de indemnización de daños y perjuicios.
El parlamentario recurrió a la justicia para exigir resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de su procesamiento y prisión, en este caso, en la causa “Lino César Oviedo Silva y otros sobre homicidio doloso y otros” de 1999.
El 4 de mayo del referido año se decretó la detención del parlamentario, además de la inhibición general de vender y gravar bienes, allanamiento de su domicilio, de su estudio jurídico y su estancia. Appleyard estuvo 672 días en prisión.
El 7 de diciembre del 2003, el juez en lo civil y comercial Hugo Bécker anuló todos los actos referentes a Appleyard.
La acción fue rechazada en primera instancia por el juez Helmut Fortlage, pero los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, Carmelo Castiglioni y Silvio Rodríguez, la revocaron en el 2016, con el voto en disidencia de Castiglioni.
“Me parece una aberración, es una sentencia que no tiene pie ni cabeza. (...) Dice que actué con dolo y sin dolo y me incluye en actos que yo ni siquiera dicté; lo que te puedo decir es que estoy tranquilo porque no hay ningún acto ilícito atribuible a mi persona”, afirmó Bogarín.
Agente será resarcido por prisión
Alcadio Limpio Dávalos, un policía que fue destituido y estuvo preso y procesado tras el marzo paraguayo, será indemnizado en más de G. 600 millones. Así lo resolvió un Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, tras hacer lugar a la acción promovida por el exagente, quien fue sobreseído en la referida causa.
El fallo dictado por los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, Arnaldo Martínez Simón y Olga Talavera revocan parcialmente la sentencia dictada el 17 de setiembre del 2014, mediante la cual el juez Miguel Ángel Rodas descartó la acción. La Cámara estableció que el Estado paraguayo debe pagar a Dávalos G. 213.050.000, más interés del 1,79% desde el inicio de la demanda (2009), es decir, otros G. 411.868.260.
Dávalos que fue detenido en la noche del 26 de marzo de 1999, con otras personas, sindicado como uno de los supuestos francotiradores que dispararon a manifestantes desde el edificio Zodiac. Al día siguiente, el policía fue derivado a la Agrupación Especializada, donde estuvo preso durante 1 año, 11 meses y 7 días. Luego, cumplió arresto domiciliario por tres meses más.
La demanda estuvo igualmente dirigida contra el exministro del interior Walter Bower, exdiputado Ángel Ramón Barchini (actual embajador paraguayo en Qatar), el exjuez Gustavo Ocampos y el exfiscal Gustavo Amarilla, pero solo prosperó contra el Estado paraguayo.
rferre@abc.com.py