15 de Febrero de 2016

| DERIVACIONES DE LA MUERTE DE UNA NIÑA QUE RECIBIÓ DESCARGA ELÉCTRICA

Denunciaron a la intendenta y tres fiscales del Este

Por Édgar Venerando Ruiz Díaz

Representantes de organizaciones ciudadanas denunciaron ante la Fiscalía General del Estado a la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, y a tres fiscales de la misma capital del Alto Paraná por varios supuestos hechos punibles presuntamente relacionados a la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán (3) a causa de haber sufrido una descarga eléctrica en una plaza de la capital del Alto Paraná donde jugaba. Las denuncias fueron presentadas por representantes de Colegio de Abogados del Alto Paraná, de la Presidencia de la Junta Municipal de la capital del departamento Alto Paraná y del autodenominado Frente Ciudadano.

En la denuncia presentada contra la intendenta de la capital del Alto Paraná, los recurrentes dijeron que la denunciada cometió hecho punible de robo de energía, lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y extorsión.

Luego del fallecimiento de la niña Sarita, funcionarios de la ANDE llegaron a corroborar que la plaza Agustín Van Aaken se encontraba con una conexión clandestina de hace aproximadamente 15 años. Según los datos de dicha institución, el suministro de energía de la plaza mencionada data desde el año 1991 y se encuentra a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este, pero el usuario era un bar, el medidor fue dado de baja en el año 2000 y desde entonces la plaza tiene conexión clandestina, dice.

Agrega que la ANDE inició la verificación de otros espacios públicos, habiéndose verificado 12 plazas y encontraron que todas tenían conexiones clandestinas. Las plazas se encuentran en el Barrio Fátima, San Roque, Ciudad Nueva, San Isidro, Don Bosco, además de las áreas habitacionales y la plaza del mercado de abasto.

Sigue manifestando que asesores de la Municipalidad de Ciudad del Este salieron a defender a la intendenta diciendo que las Municipalidades están exoneradas del pago de energía eléctrica; sin embargo la Ley 966 establece una exoneración del 50% y solo en alumbrados públicos en veredas de espacios verdes y edificios públicos, no así las conexiones internas.

Es evidente que la Municipalidad de Ciudad del Este está robando energía eléctrica en al menos 12 plazas, siendo la principal responsable la intendenta municipal, por la que la misma debe ser investigada por este hecho, sostiene.

La Municipalidad de Ciudad del Este, en fecha 24 de marzo del año 2014, firmó contrato con la empresa Lainuz Constructora SA, propiedad de la señora Carmen Fernández, quien es médica y su marido exempleado de la Municipalidad, para el mejoramiento de las plazas de la ciudad.

Según las especificaciones técnicas que figuran en la copia del contrato que obra en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en el lugar deberían estar instalados 12 basureros con clasificador de residuos; sin embargo solo se puede ver basureros fijos hechos de concretos que costaron G. 6.244.920, es decir G. 520.410 cada uno, dice.

En el contrato también se detalla que la plaza Van Aaken debe contar con alimentación subterránea y con protección superior de una hilada de ladrillo común, pero según imágenes captadas por testigos, los cables estaban enterrados sin protección alguna. Esta conexión fue presupuestada en G. 16.321.500 e incluye otras mejoras que figuran en el contrato que fue de G. 635.399.798.

A simple vista se puede ver que el dinero presupuestado y pagado a una empresa que no conoce nada de construcción y amigos de la familia Zacarías, no se ajusta a las mejoras que existen en las diversas plazas que fueron inauguradas el año pasado y ya cuenta con deterioros importantes, por lo que corresponde una investigación a fin de determinar si el dinero presupuestado tiene relación con las mejoras realizadas en dichas plazas.

La intendenta Sandra McLeod de Zacarías había enviado recientemente una comunicación a la Junta Municipal donde desistía de la aprobación del permiso para la construcción de una estación de servicios al costado del Lago de la República. Pero ello no impide que se pueda investigar a las personas y concejales que estuvieron detrás de este negociado.

Cuentan que comerciantes de la vía pública de Ciudad del Este denunciaron que son perseguidos por funcionarios municipales a pagar entre 2.000 a 8.000 dólares a cambio de mantener sus puestos de ventas. Aseguran que existen más de 100 personas que están dispuestas a declarar y que esos nombres serán agregados una vez que empiecen las investigaciones sobre este hecho.

Los denunciantes solicitaron al fiscal general, Javier Díaz Verón, la designación de varios fiscales para que puedan investigar estos hechos denunciados.

Los medios periodísticos de Ciudad del Este han denunciado varios hechos punibles que los fiscales de la zona tendrían que haber investigado de oficio, pero no lo van a hacer por la presión política que ejercen los miembros de la familia Zacarías, añade la presentación que quedó a cargo del titular del Ministerio Público.

Fiscales no hicieron nada

En un segundo escrito presentado al fiscal general, los denunciantes dijeron que los fiscales Marcelo Saldívar, Cinthia Leiva y Arminda Rivas no hicieron nada para investigar las causas de la muerte de la niña Sarita.

El fallecimiento de la menor fue el fiel reflejo de la desidia y poca importancia, cuando no una abierta complicidad, que los agentes fiscales dan a su función, afirmaron los recurrentes.

El hecho ocurrió en una plaza pública, donde cientos de niños van todos los días, a pesar del inmenso riesgo que representa ese lugar y la gravedad de la situación y que en cualquier país serio habría movilizado a todo el aparato estatal correspondiente para actuar, afirman.

La agente fiscal Arminda Rivas de Monges, quien se encontraba de turno el día del accidente, y actualmente sigue en funciones a pesar de haber sido suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento, no tomó ninguna medida, aseguraron los denunciantes.

La fiscala Rivas de Monges no movió un solo dedo para asegurar el lugar del hecho e identificar a los responsables que obstruyeron una investigación penal, dicen.

A la mediamañana del día siguiente del accidente, el hecho ya tomó estado público a través de los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, resulta inexplicable que la fiscala Arminda Rivas haya señalado no haber actuado porque no fue informada del hecho.

El día martes de semana del accidente la fiscala Rivas terminó su turno y la causa fue sorteada cayendo el expediente del caso en la unidad de Cinthia Leiva, quien también estaba de vacaciones y lo suplió su colega Marcelo Saldívar, quien tampoco hizo nada. Saldívar se limitó a pedir algunos informes. Recién cuando se supo de la muerte de la niña, la presión ciudadana hizo que la fiscala Leiva apareciera realizando tibias diligencias y anunciando que no imputará a la intendenta Sandra de Zacarías, agrega.

eruizdiaz@abc.com.py

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