Descoordinación en la lucha contra la criminalidad

La Policía Nacional ha creado nuevas unidades operativas para intentar combatir a los motochorros y distribuidores de drogas, crack y cocaína, que cometen delitos unidos íntimamente y que en los últimos años se han convertido en los principales flagelos sociales, responsables de innumerables muertes violentas y del hacinamiento en las distintas cárceles del país.

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Sin embargo, estos esfuerzos no son acompañados de la misma forma por la Justicia, llámese Ministerio Público y Poder Judicial. Son constantes las quejas de víctimas y también de los propios uniformados sobre la acelerada y hasta sospechosas liberaciones de maleantes que son detenidos con suficientes evidencias para lograr ponerlos fuera de acción por un buen rato. Este hecho que en la práctica significaría que muchas personas, trabajadoras, se libren de ellos y que puedan llegar seguros a sus casas con el fruto de su esfuerzo diario.

O en otros casos, maleantes que son sorprendidos en tráfico de drogas y al ser verificados sus antecedentes se descubre que estas mismas personas ya fueron detenidas por el mismo delito un año atrás, y nuevamente estaban envenenando a los jóvenes en las calles pese a que nuestras leyes no contemplan medias alternativas a la prisión por delitos de tráfico de estupefacientes.

Como muestra vale un botón, dice un dicho. Al mediodía del martes pasado, dos mujeres, Petrona Ramona Benítez Giménez (48) y Gertrudis Venialgo Mendoza (60), fueron detenidas en el barrio Villa Madrid de la ciudad de Limpio. Ambas mujeres tenían en su poder importantes cantidades de crack y cocaína, que ellas pensaban distribuir entre los adictos de la zona. Es más: aparentemente, fueron descubiertas porque un familiar de uno de sus clientes las delató.

Cuando los efectivos del departamento Investigación de Delitos de Central verificaron los antecedentes de ambas, se pudo confirmar que, efectivamente, Gertrudis Venialgo Mendoza ya fue detenida en el 2016 por posesión y comercialización de drogas.

En la noche del 29 de marzo último, en Itaugúa Guazú, un joven identificado como Diego Miguel González Ucedo (24) fue detenido cuando escapaba a bordo de una moto que acababa de robar de una estación de servicio. El sospechoso junto con la evidencia fue puesto cargo de la fiscala Blanca Rosa Aquino Ayala, quien al día siguiente dispuso la libertad del aprehendido, pese a que el mismo cayó con evidencias.

Ante estos hechos, todo el trabajo en cuestión en el marco de la prevención y la represión de hechos punibles cae en saco roto, sin resultado y con el amargo sabor de la sospecha de que alguien lucró con estas irregularidades. 

Por otra parte, los uniformados volvieron a denunciar que los agentes del Ministerio Público se muestran extremadamente reacios a solicitar allanamientos en casos de microtráfico.

Cientos de pedidos de verificación de casas, donde se sospecha que se distribuía drogas quedaron olvidados en las oficinas de las distintas unidades de la Fiscalía.

brlopez@abc.com.py

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