Desde policías a empleados

La Policía Nacional emitió el mes pasado una alerta a raíz del significativo aumento de las denuncias de llamadas extorsivas por medio de las cuales varios grupos de avivados exigen el envío de dinero a través del sistema de giros-Tigo, luego de presentarse como personal policial y de anunciar un supuesto accidente provocado por un familiar.

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Uno de los tantos casos que se registraron en las últimas semanas involucró a un empleado de un conocido shopping capitalino, quien recibió una llamada en su celular de una persona desconocida que se presentó como “comisario”.

El avivado, luego de llamarlo por su nombre, le dijo a la víctima que su hijo había provocado un grave accidente de tránsito y que, para no comunicar el caso a la Fiscalía, debía hacerle un depósito de G. 1.500.000 en la billetera del número de Tigo (0986) 619677.

A raíz del susto provocado por las coincidencias en los datos que le suministró el llamador y temiendo por la integridad de su hijo, la víctima accedió al chantaje y giró dicho monto.

Desde los centros de reclusión

Según estimaciones de la Policía, la mayoría de estas llamadas extorsivas se efectúan desde las cárceles del país, especialmente la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y las cárceles regionales de Ciudad del Este y San Pedro de Ycuamandyyú.

Otro “modus operandi” que emplean los criminales es presentarse como empleados de la firma “Mocipar” y pedir un depósito en efectivo para retirar un premio adjudicado en un sorteo.

Pese a que a veces no resulta muy difícil identificar estas extorsiones, la Policía reveló que hay mucha gente que sigue cayendo en la trampa de los malvivientes.

El departamento de Relaciones Públicas de la institución, justamente, emitió el pasado 18 de agosto una nueva alerta a la ciudadanía acerca de este flagelo.

“La Policía Nacional comunica a la ciudadanía en general que se están realizando llamadas telefónicas de personas que se identifican como parientes que sufren accidentes, solicitando sumas de dinero a través de la realización de giros. Tales requerimientos son falsos y que son pasibles de sanción. La Policía Nacional ruega que, al encontrarse ante esta situación, llame al 911 o a la comisaría más cercana denunciando el hecho y provea el número del cual recibió la llamada”, señala el material divulgado.

La institución policial maneja además informaciones que dan cuenta que las llamadas extorsivas generan una cantidad importante de ganancias a los convictos y lo convierte en una fuente de ganancia bastante rentable para ellos.

Resulta que esta modalidad delictiva requiere de muy poca inversión, mediante la adquisición de materiales bastante accesibles como un celular y una buena partida de chips que se consiguen en el “mercado negro”. También manejan con mucha habilidad las estrategias ensayadas para amenazar o engañar a sus potenciales víctimas y así obtener el dinero.

Sancionaron ley, pero sin presupuesto

El pasado mes de julio, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que establece la localización, el bloqueo y control de las comunicaciones ilegales efectuadas desde los centros penitenciarios del país para evitar la proliferación de llamadas extorsivas. Sin embargo, en el mismo no se prevé el dinero para su ejecución.

El proyecto de ley pretende la instalación en los centros de reclusión de equipos tecnológicos que permitan detectar las señales de comunicación emitidas desde esos recintos e impedir que la realización de llamadas. Plantea además que el sistema de monitoreo instalado funcione de manera constante y que se obligue la colaboración de todas las empresas de telefonía móvil cuando se deba identificar las señales de salida.

Sin embargo, los legisladores no previeron dentro del proyecto de ley el referente económico, es decir, los fondos que se necesitarán para implementar el sistema tecnológico, además del pago al personal para el monitoreo y el mantenimiento de este tipo de programa.

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