Diez años de chicanas

El procedimiento encubierto de los fiscales René Fernández, Arnaldo Giuzzio (hoy senador nacional) y Liliana Alcaraz se llevó a cabo el 21 de mayo de 2007, en el estudio jurídico de Melgarejo Lanzoni, ubicado en las calles Hernandarias casi Humaitá, de Asunción.

Hasta ese lugar se trasladó el denunciante del pedido de “coima”, el ciudadano francés Frederich Houdard, propietario de las firmas Gigabytes y Virtual, investigadas por estafa con becas de inglés e informática por el entonces fiscal Juan Claudio Gaona.

En ese lugar se produjo una conversación entre Houdard, Gaona y Melgarejo Lanzoni sobre la desestimación de las denuncias a cambio de US$ 50.000. La comunicación fue grabada con autorización judicial.

Tras el encuentro, Gaona fue detenido a cuadras del lugar a bordo de su vehículo. El maletín con el dinero fue escondido por secretarios de Melgarejo Lanzoni y también se encontró una copia de la carpeta fiscal en el lugar.

A partir de allí, el proceso por cohecho pasivo simple (con expectativa de pena de 3 años de cárcel) y extorsión (5 años), fue chicaneado con recusaciones a los fiscales originales del caso, más el entonces adjunto de Delitos Económicos Carlos Arregui.

Además, los investigadores soportaron un proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, llevado con celeridad, pero que concluyó con sobreseimiento a raíz de los cuestionamientos de la ciudadanía.

Por su parte, Gaona fue removido del cargo por el Jurado el 14 de setiembre de 2007.

Tras cuatro meses de haberse iniciado la causa, el 23 de setiembre de 2007, las fiscalas Victoria Acuña y Rocío Vallejo acusaron a Gaona y Melgarejo Lanzoni y pidieron que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Sin embargo, esto nunca pudo ser definido porque la causa sufrió una cadena de inhibiciones de camaristas luego de que el entonces juez penal de garantías, Pedro Mayor Martínez, rechazara anular la prueba más importante, la interceptación de comunicaciones.

Finalmente, la Corte anuló en junio de 2010 las pruebas, pero luego, con una “aclaratoria”, el ministro Miguel Óscar Bajac y los camaristas Fremiort Ortiz Pierpaoli y Linneo Ynsfrán enviaron a la jueza inferior Patricia González, para que reexamine los pedidos de nulidad de las resoluciones que otorgaron la interceptación de comunicaciones y el allanamiento.

Casi dos años después, el 4 de abril de 2012 el expediente se remitió a González para que esta realice la audiencia preliminar. Sin embargo, fue un intento fallido porque Melgarejo chicaneó alegando que siguen pendientes de resolución varios incidentes en la Sala Penal de la Corte, que a la fecha ni siquiera fueron resueltos.

Lo cierto es que a esta altura ya se habrían prescripto los dos hechos punibles, cohecho pasivo y extorsión. El primero se concretó a los seis años de proceso, y el segundo ayer, cuando la causa cumplió una década.

Esto, sin embargo, puede ser evitado si la nueva jueza penal de garantías Rosarito Montanía utiliza la teoría de los “plazos muertos” y adjudica las dilaciones a las dos defensas, para realizar el descuento del cómputo. De hecho, la Corte argumentó así en el caso del vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).

Exsíndico logró su “blanqueo” por la excesiva mora judicial

Una de las últimas “perlas” de la justicia tiene que ver con el descarado “blanqueo” del exsíndico general de quiebras, Gerardo “Yakare” Sanabria Mora, quien logró la prescripción de su causa tras 12 años de proceso sin sentencia.

Los jueces Olga Ruiz, Víctor Medina y Digno Arnaldo Fleitas integraron el tribunal que hizo lugar a un pedido de prescripción a favor de Sanabria Mora, planteada por los abogados defensores Osvaldo Granada Salaverry y Rodrigo González Planás, en la etapa de incidentes.

Los fiscales de Delitos Económicos, José dos Santos y Luis Piñánez, se allanaron a la solicitud y el tribunal decidió remitir los antecedentes a la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder Judicial.

La impunidad de Sanabria Mora, de hecho, se consumó en la Corte porque la causa prescribió en la Sala Constitucional el 16 de mayo de 2012, según los cómputos finales.

El proceso se inició el 28 de marzo 2005 con la imputación por lesión de confianza por omisión. Se cuestionó al exsíndico su audiencia en el remate de un inmueble un cuestionado remate de la quiebra de Bancopar, que data del 2002. Esto imposibilitó recuperar la garantía hipotecaria de un crédito por G. 4.000 millones y ocasionó un daño patrimonial de G. 2.700 millones.

La Fiscalía acusó al exsíndico un año después, en marzo de 2006, y en octubre del mismo año se elevó el caso a juicio. El primer juzgamiento se desarrolló el 4 de octubre de 2007. En ese entonces, el tribunal de sentencia, con los votos en mayoría de María Doddy Báez (exjueza) y su colega Gustavo Amarilla, dictó la prejudicialidad. Fue disidente Gustavo Santander, quien determinó que debía seguir el juicio oral.

La defensa del exsíndico general de Quiebras logró la prejudicialidad porque pretendía que en el fuero civil primero se determine si hubo o no daño patrimonial.

La resolución de primera instancia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 7 de diciembre de 2007 y luego de 8 años de “cajoneo”, los ministros Antonio Fretes, Miguel Óscar Bajac y César Garay hicieron lugar a una acción de inconstitucionalidad del Ministerio Público y ordenaron el nuevo juicio. Los fiscales René Fernández y Silvia Cabrera presentaron un total de 26 urgimientos a la Sala Constitucional de la Corte, sin el éxito esperado.

Exconcejal logró el “archivo”

El exconcejal liberal Francisco Yore, condenado a 2 años y 6 meses por una supuesta coima de G. 150 millones que pidió a la empresa Cadiem Casa de Bolsa SA, logró su impunidad cuando la Corte Suprema “encajonó” su causa por casi tres años y luego decretó la prescripción por el transcurso del doble del plazo (6 años).

De esta forma, los ministros Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y Miryam Peña resolvieron “archivar” la causa tras el descarado “cajoneo”.

El expediente llegó a la Sala Penal en julio de 2013, luego de que el ex edil recusara sin fundamentos a los camaristas Bibiana Benítez y Carlos Ortiz Barrios, quienes debían analizar la apelación de la condena en su contra.

Recién el 4 de abril de 2016, los ministros declararon la prescripción del proceso. La “manito” a su correligionario quedó demostrado cuando Sindulfo Blanco, siendo preopinante, no tuvo en cuenta la teoría de los “plazos muertos”, como había aplicado en el proceso a los desfalcadores del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), para negar la prescripción que solicitaron los condenados de esa causa.

Una década después, juez recibió “manito” de su colega

El juez Roberto Martínez también logró dilatar su proceso por “coima” durante 10 años, y recibió la “manito” de su colega Edith Coronel que le otorgó la prescripción de la causa por el transcursos del doble del plazo, en abril de 2016.

Ese fallo fue apelado por el fiscal Igor Cáceres, pero ratificado por la Tercera Sala de la Cámara de Apelaciones con voto dividido debido a que los camaristas Cristóbal Sánchez e Irma Alfonso de Bogarín, se expidieron a favor de ratificar la resolución de Coronel, mientras que Clara Estigarribia votó por revocar la resolución, debido a que para ella, no se cumplió aún con el plazo de prescripción.

Martínez nunca fue removido del cargo, sino suspendido por lo que goza de salario hasta hoy. Fue acusado por un supuesto pedido de coima de US$ 3.000 que data de 2006. En el caso también estuvo involucrado el practicante de su juzgado, Osvaldo Britos, detenido parte del dinero.

Extitular de Copaco

El extitular de Copaco, Jorge Magno Candia, logró que el tribunal de sentencia integrado por las juezas Liza Battilana, Rosarito Montanía y Lourdes Peña extinguiera su proceso por lesión de confianza que data de 2007 por la reparación del daño de un tercero.

El tribunal otorgó el sobreseimiento definitivo por reparación del perjuicio pese a la oposición del Ministerio Público y de que no fue el procesado el que resarció el dinero, sino la empresa alemana T-System, que perdió un laudo arbitral, situación a la que se llegó tras las gestiones de la Procuraduría General de la República.

Durante la etapa de incidentes, el defensor público Federico Hetter presentó un pedido de excepción de extinción de la acción alegando que no existe daño patrimonial al darse por resarcida la Copaco por parte de la empresa T-Systems, que perdió un laudo arbitral gracias a la gestión de la Procuraduría General de la República y tuvo que pagar 473.484,13 euros a la telefónica.

El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera, en su contestación de ese incidente, solicitó su rechazo teniendo en cuenta que la reparación no partió de Magno Candia como está establecido el inciso 10 del artículo 25 del Código Procesal Penal, en lo que refiere a la reparación integral del daño particular o social causado a la víctima.

De esta forma, Candia, conocido seccionalero colorado y actual concejal de Mariano Roque Alonso, quedó impune en el proceso por el millonario perjuicio, cuyo juicio oral estaba pendiente desde el 2011.

A pesar de las chicanas promovidas y que el proceso cumplió 10 años, ni Candia ni sus abogados defensores fueron sancionados ni sumariados por la Corte Suprema de Justicia.

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