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23 de Julio de 2018

| Los de abajo

En casos de coimas no se complica a superiores

Por Griselda Centurión, ABC Color

Dos casos de coimas sacaron de nuevo al tapete las compras de fallos en el Poder Judicial, pero las imputaciones fiscales no alcanzaron a miembros de un tribunal de sentencia ni al exministro de Corte Miguel Óscar Bajac, lo que hace pensar que existe negligencia o complicidad para no llegar a los superiores. Los que cayeron son funcionarios inferiores pillados en flagrancia.

Con contrato privado de por medio realizado en escribanía pública y la promesa de pago de US$ 30.000, el pedido de coima surtió efecto y la condena mínima negociada fue aplicada.

Pese a esto, el Ministerio Público llegó hasta ahora al actuario judicial Víctor Daniel Marecos Benítez y a otro funcionario judicial del área administrativa que fungió de nexo, Héctor Leguizamón López.

El tribunal que impuso la condena mínima de 5 años estuvo integrado por las juezas Alba González (presidenta), Gloria Hermosa y Nilda Giménez. Surge ahora la incógnita de si el caso salpicará a las mismas, aunque la fiscala Liliana Alcaraz ya adelantó que peritará el celular de Marecos, con la intención de obtener pruebas contra alguna de las magistradas.

De momento solo quedan como negociantes de la pena mínima funcionarios sin poder de decisión, aunque con información privilegiada.

El caso que dio origen al pedido de dinero es por tenencia de estupefacientes donde están acusados Ángel Omar Ruiz Díaz y Walter Osmar Almada, quienes fueron sentenciados la semana pasada a 5 años de pena privativa de libertad por tenencia de 80 pastillas de éxtasis.

De acuerdo con la imputación, el pedido de dinero fue realizado a Ángel Norberto Ruiz Díaz (padre de Ángel Omar).

Con autorización del juez Gustavo Amarilla se dieron sucesivas reuniones. El 29 de junio, a las 15:00, frente al Poder Judicial se encontraron Ángel Norberto y Héctor Leguizamón.

El denunciante dijo al funcionario que estaba cerrando una operación de venta de terreno y que mientras tanto le podía ofrecer como garantía una camioneta Kia Sportage, Año 2005, valuada en G. 50 millones, mediante contrato privado.

“El señor Ángel Norberto le pregunta si tiene novedades refiriéndose al proceso penal que afronta su hijo y este le responde ‘...Está todo cerrado el tema...’, el señor Ángel Norberto vuelve a preguntar ‘...garantías de quién tenemos...’, y el funcionario le responde en forma resumida que tenía la garantía del actuario judicial y que cuando él cumpliese su parte le iba a enviar un mensaje a la presidenta del tribunal (Alba González) para decirle que todo estaba cerrado”.

Tras esto, la reunión continuó en el local de comidas “Ña Eustaquia”, frente al Palacio de Justicia. Allí el denunciante estuvo tanto con Leguizamón como con Víctor Marecos. En esa ocasión el denunciante expresó que estaba mal vendiendo su propiedad para salvar la situación de su hijo, ya que era muy joven y necesitaba reinsertarlo a la sociedad, a lo que el actuario le responde : “...Es muy joven...” .

“También le manifestó el denunciante que como prenda de buena voluntad ofrecía su camioneta y que podían hacer el contrato en una escribanía el lunes, y al finalizar el juicio finiquitaban el resto. El actuario Víctor Marecos le responde que el juicio tenía que terminar la semana siguiente por un tema de vacaciones, que dos o tres veces más se haría el juicio porque de lo contrario se anularía todo. Consecuentemente, le siguió expresando el actuario judicial que si iba a otro juzgado, tendría que empezar de cero, y que no se sabía ni qué fecha se fijaría, entre otras cosas. Después de hablar otros temas, se despiden para quedar en contacto el lunes siguiente, fecha en la que se firmaría el contrato de transferencia de la camioneta en cuestión”, dice la imputación.

El contrato privado

El lunes 2 de julio Ángel Norberto se encontró con Héctor Leguizamón ante la notaria pública Carmen Paredes Cabrera. Según la fiscala Liliana Alcaraz, Héctor Leguizamón se resistió primero a firmar el contrato con las condiciones que le proponía el denunciante, ya que era arriesgado mencionar la suma de US$ 30.000 y la promesa de pago luego de culminado el juicio oral.

En todo momento Héctor se comunicó con Víctor Marecos vía Whatsapp y finalmente firmó el contrato con la cláusula: “El señor Ángel Norberto Ruiz Díaz Ocampo reconoce que deberá abonar al señor Héctor Leguizamón López la suma de dólares americanos treinta mil o su equivalente en moneda local según el tipo de cambio del día, de lo contrario, en caso de no abonarle la suma mencionada o su equivalente en moneda local, el señor Ángel se compromete a transferir a favor del señor Héctor o a nombre de la persona designada por él, un vehículo automotor de su propiedad de la marca “KIA”, modelo “Sportage”, año 2005, con matrícula NCL 035. Además, en la grabación se escuchó claramente cuando Héctor lee un mensaje que había recibido del actuario, quien le decía “...no hagas ninguna macanada con el auto, llevá y guardá...”, a lo que Héctor respondió “..Tranquilo, yo llevo el contrato y el señor el vehículo...”.

Pidió auditoría a la Corte

La jueza Nilda Giménez Bogarín, integrante del tribunal de sentencia salpicado por el caso de coima, pidió al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema que audite la causa.

Asimismo, la magistrada envió una nota al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Sindulfo Blanco, citando irregularidades en cuanto al adelantamiento del juicio que estaba fijado primero para el 15 de noviembre de este año.

En la nota remitida a Blanco la jueza explicó que requirió a la jueza Alba González (presidenta del tribunal) que pida explicaciones al actuario Víctor Marecos (imputado en este caso) del adelantamiento del juicio que estaba fijado para el 15 de noviembre de este año y se anticipó para el 28 de junio.

La magistrada, además, envió un escribano público al lugar de reclusión de Víctor Marecos y este no quiso recibirlo. Quiso que conste en acta si alguna vez ella habló de esta causa con él.

La jueza también optó por no firmar el fallo condenatorio de 5 años de cárcel debido a que no le enviaron a tiempo el escrito en su casa, donde cumplía reposo médico, y tras este escándalo ya no tuvo plazo.

La jueza, a su vez, explicó que efectivamente votó por esa pena mínima de 5 años, como fue solicitado por la fiscala antidrogas Elva Cáceres. Explicó que el marco penal por tenencia de drogas le habilitaba y también que tiene como criterio no dar más pena de la solicitada por el Ministerio Público.

Proceso que salpicó a Bajac

Un facilitador judicial cayó hace dos semanas en un procedimiento encubierto con una coima de US$ 10.000, tras negociar venta de votos de Miguel Óscar Bajac (exministro) y el presidente de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser.

El caso golpeó más a Bajac, debido a que el imputado Rafael Ramírez Doldán es un facilitador judicial, programa que estaba a cargo del jubilado ministro de Corte. Además, le une un trato familiar y son oriundos de la misma ciudad, Concepción.

Pese a que el fiscal Luis Piñánez dijo que el exministro continúa en la mira, la causa por soborno y tráfico de influencias hasta ahora solo afecta a Ramírez Doldán.

Inclusive, el denunciante Neri Páez (abogado) había señalado que fue varias veces a la casa del entonces ministro Bajac para conversar con él sobre el arreglo de su proceso y también dijo que lo visitó en su despacho en el Palacio de Justicia.

Páez relató que el caso se inició con un problema judicial con la Industria Nacional del Cemento (INC) por un trabajo que le realizó la empresa Cal Agro (de su propiedad) en la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos y que la cementera no pagó. La firma denunció a la INC, y el reclamo de US$ 40 millones se judicializó. En primera instancia ganó la cementera nacional, pero en segunda revirtió la empresa privada, por lo que el caso fue a parar en la Corte Suprema.

El denunciante también dijo que los aprietes se iniciaron cuando el expediente ingresó a la Sala Civil de la Corte y posteriormente denunció a la Fiscalía.

Tras el escándalo, Torres Kirmser negó tener cualquier implicancia o contacto con el abogado Neri Páez. Ofreció los videos de circuito cerrado de su despacho. Además, se quitó el fallo adverso a los intereses de la empresa Cal Agro. Antes, Bajac intentó cambiar su voto pero no hubo tiempo, el facilitador ya cayó con la coima y se apuró el voto de César Garay.

“No soy la responsable”

Alba González, presidenta del tribunal de sentencia en el caso de drogas donde se negoció una pena mínima a cambio de coima, dijo que no es responsable de lo que el funcionario inferior haya hecho.

La magistrada indicó que hace 26 años es funcionaria judicial y que nunca estuvo en este tipo de situación de corrupción.

“Es un escándalo que me golpea tanto porque (lo) hizo un funcionario a mi cargo, pero jamás puedo ser responsable de lo que haya hecho esta persona”, precisó.

Asimismo, dijo que Víctor Marecos al ser actuario judicial es el que prepara, participa y además asiste a las deliberaciones del tribunal, por lo que maneja información clasificada.

“No podemos saber qué hace con esa información clasificada. Y no creo sinceramente que ninguna de las miembros (Gloria Hermosa y Nilda Giménez) haya tenido nada que ver”, acotó González.

Respecto al adelantamiento del juicio, indicó que fue a pedido de una de las partes y que se corrió vista al Ministerio Público, que estuvo de acuerdo.

Sobre la condena de 5 años la presidenta del colegiado dijo: “Lo que pasó en el juicio fue bien argumentado y la sanción que requirió el Ministerio Público y fue aplicada de forma unánime”.

Por su parte, la jueza Gloria Hermosa también refirió que se sentía “sorprendida y estupefacta” y apuntó a que el actuario maneja “información privilegiada”.

griselda@abc.com.py

 
 

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