Entre el poder político y el tráfico de drogas

Cristóbal Machado Vera fue asesinado el viernes 9 de marzo pasado, cuatro días antes de que cumpliera 33 años de edad. La víctima era un concejal municipal de Capitán Bado, ciudad del departamento de Amambay.

El político colorado fue atacado cuando estaba limpiando una camioneta en su lavadero del barrio Primavera del referido municipio. 

El crimen fue perpetrado por el sicario Carlos Armoa Escobar, de 27 años, quien cayó preso en la misma ciudad, en la tarde del 13 de marzo, coincidentemente en el día del cumpleaños de su víctima.

El matón reconoció haber cobrado 10.000 reales, el equivalente a 16.000.000 de guaraníes, pero reveló que en realidad fue contratado por otro conocido criminal fronterizo, Marco Ariel Sánchez Giménez, de 29 años, alias “Aguacate”.

Este último, a su vez, habría cobrado 50.000 reales a un brasileño, quien fue el que quería deshacerse del concejal debido a una supuesta traición, siempre según la investigación.

“Aguacate” es un jefe de sicarios que llegó a ser guardaespaldas del capo asesinado Jorge Rafaat Toumani, quien murió en un dantesco atentado ocurrido en 2016 en Pedro Juan Caballero. Precisamente, “Aguacate” y otros seis fusileros de Rafaat sobrevivieron al tiroteo, pero fueron encarcelados un tiempo.

Volviendo al caso del crimen del concejal Machado, resulta que, supuestamente, el político le vendió una carga de marihuana a un brasileño, pero después el propio político habría ayudado a agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes incautaron la mercancía antes de que llegara a su comprador. 

El brasileño, cuya identidad aún no fue revelada exigió al concejal Machado que le devolviera su dinero o que le repusiera la marihuana confiscada. Como el político se negó, terminó muerto, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía y la Policía, que desde un principio sostuvieron que podría haber un trasfondo narco en el asunto.

Luego del brutal crimen, que quedó grabado en un vídeo, casi toda la población urbana de Capitán Bado salió a las calles a exigir justicia para Machado y a pedir el cese de los asesinatos en la zona, la mayoría de ellos por encargo.

Casi todos los colegas de Machado después se entrevistaron con el ministro del Interior, Ariel Martínez, para exigir el esclarecimiento del sonado hecho.

Sin embargo, con la captura del autor material confeso, Carlos Armoa Escobar, y con las revelaciones que este hizo a la Policía y a la Fiscalía, me imagino que para los propios badeños ahora debe resultar un poco incómodo saber que el crimen por el cual salieron a movilizarse fue motivado por el narcotráfico.

Entonces, necesariamente surge también la pregunta de cómo se pueden prevenir estos ataques, ya que en todos los casos escapan a la competencia de la Policía, por tratarse de ajustes entre traficantes.

En este caso puntual, la diferencia está en que la víctima era una autoridad en su comunidad y seguramente no era el único político badeño involucrado en el narcotráfico.

Así, moralmente va a seguir siendo difícil exigir justicia tras este tipo de hechos.

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