Esquema extorsivo sigue vigente en las cárceles

Al margen de los esfuerzos de las autoridades penitenciarias para impulsar programas educativos y de aprendizaje de oficios varios con miras a la capacitación y reinserción social, así como la profesionalización del personal, hay un sector de las cárceles que no acompaña dichos avances y no tiene interés alguno en progresar. Se trata de verdaderas alianzas entre internos y custodios, formadas con el único fin de sacar provecho económico a las personas privadas de libertad.

Pese a que el informe elaborado en el 2013 por el Mecanismo de Prevención de la Tortura se refería únicamente al penal de Tacumbú, el esquema extorsivo no es una exclusividad del referido centro penitenciario, donde hay sectores en que los reclusos pueden permanecer a salvo del “acoso” económico, como el pabellón evangélico Libertad, sino que es algo observado en otros centros penitenciarios.

Testimonios de cuatro personas, familiares de personas de distintos estratos sociales, actualmente recluidas en diferentes cárceles, revelan los pormenores del accionar de esta verdadera organización mafiosa enquistada en las cárceles.

En tres casos, que tienen como protagonistas a jóvenes de escasos recursos, con procesos por hechos punibles contra la propiedad, encontramos similitudes en el mecanismo de presión. Cuando el detenido tiene mayor poder adquisitivo, como ocurre en el cuarto caso, la presión se ejerce de manera más “diplomática”.

Las primeras 24 horas en prisión son de terror. Ni bien cae la noche los internos nuevos son desnudados, sometidos a una soberana paliza y despojados de sus bienes. El mensaje es el siguiente: tiene 24 horas para poner lo necesario para evitar el traslado del recluso a otra celda, con reclusos de la peor calaña, violadores incluidos.

Previo pago de G. 800.000 en un caso y G. 1 millón en el otro, el resultado fue el acordado: los flamantes internos familiares de nuestros entrevistados fueron recluidos en celdas con reos mayores, que no causaron problemas.

Los pagos para acceder a un colchón –que muchas veces es el propio– a una frazada, usar celular –prohibido en prisión– o disponer de una silla para ofrecer a las visitas, son gastos menores del día a día. Acudir a Sanidad y ser trasladado a tribunales también requiere desembolso previo, al igual que lograr traslado a otra penitenciaría o evitar dicha derivación.

Pedidos de “adentro” y de “afuera”

Otro punto llamativo es que a la par de los pedidos de “adentro”, también aparecen los pedidos de “afuera”, específicamente de personas que buscan “arreglar” la situación judicial a cambio de dinero. En los casos mencionados no existe nexo entre ambos grupos y, con relación al segundo, es difícil determinar si son personas conectadas con las autoridades fiscales y judiciales o avivados que buscan sacar ventaja de la desgracia ajena.

En resumen, las personas consultadas revelaron que las “tarifas” de una libertad pueden costar de 5.000 a 70.000 dólares.

También se ha constatado una lamentable dejadez en el accionar de algunos defensores públicos y particulares, más interesados en “cerrar” el proceso rápidamente con un arreglo con base a una eventual confesión, incluso cuando el imputado se declara inocente, que en realizar averiguaciones para llegar a la verdad de los hechos. La desidia de la Fiscalía para investigar queda igualmente de manifiesto, por la escasez de diligencias orientadas a aclarar los casos denunciados.

En dos casos, que tienen como protagonistas a jóvenes de escasos recursos, con procesos por hechos punibles contra la propiedad, encontramos similitudes en el mecanismo de presión. Cuando el detenido tiene mayor poder adquisitivo, la presión se ejerce de manera más “diplomática”, generalmente vía telefónica.

En uno de los casos, un funcionario inferior del juzgado pidió G. 10 millones para darle medidas, con la condición de que el trato se hiciera únicamente con él. El pago se hizo pero luego, ante la mediación de una tercera persona, el funcionario devolvió el dinero, al parecer temeroso de una eventual filtración.

Coincidencia o no, el procesado sigue preso.

LAS CIFRAS DE LA CORRUPCIÓN

El acceso a una celda común varía entre 100, 300 o 500.000 guaraníes.

El recluso que quiera contar con un colchón debe pagar G. 20.000 o si logra contactar con un revendedor, podría pagar G. 10.000 o G. 5.000. Las frazadas cuestan entre G. 15.000 y G. 30.000 y acceder a una sábana también tienen costo.

Para llegar hasta la Sanidad, se pagan mil guaraníes por cada portero. El uso de teléfono celular –el cual está prohibido– se consigue con un pago que varía de 80 a 100.000 guaraníes.

La colocación a medida de esposas para comparecencias en el Palacio de Justicia o la Fiscalía tiene un costo. Si los brazos de un interno son inmovilizados por detrás de su cuerpo y esto le causa molestia, debe abonar G. 5.000 para que le coloquen los brazos adelante. Para sacarse las esposas se pagan G. 20.000.

El encierro en “Alcatraz”, celda de aislamiento utilizada para la aplicación de sanciones por causas varias, sirve también como un mecanismo para el chantaje. Según los datos, la derivación de un interno al sector –conformado por dos celdas con un pestilente hedor derivado de los baños colmatados– puede ser abortada con el pago de 100.000 guaraníes. Pese a la recomendación de la eliminación de “Alcatraz”, dicha celda castigo continúa en uso.

Fuente: informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, octubre 2013.

Libertad, por 70.000 dólares

“Al cruzar el portón de la penitenciaría ya te piden 2.000 guaraníes los llamadores; en cada portón hay un grupo para la visita. Pero eso no es nada, después te llaman; a mí me llamaron dos personas para ofrecer protección a mi hermano. Yo no acepté porque una vez que entrás en eso, uno te va a llamar para proteger, otro para que no le mate, y me van a tener en cháke permanente”, relató una de las personas consultadas, cuyo hermano está preso por delitos económicos.

“Me dijeron que le querían proteger, dos personas me llamaron, no sé ni cómo consiguieron mi teléfono. Me dijeron que se encargarían de cuidar a mi hermano, que teníamos que hablar, pero no accedí porque no estamos de acuerdo y quedó ahí”, acotó.

Nuestro entrevistado reveló que a la par de las llamadas extorsivas de adentro del penal, también contactaron con él distintos abogados, en diferentes momentos, para ofrecerle la libertad por montos que varían de 50.000 a 70.000 dólares.

“En todo momento me hablaron de un combo. Ellos dicen tu abogado está fallando, tenía que hacer así y así y el combo (juzgado y fiscalía) para salir es tanto. Me pidieron 50.000 dólares, 70.000 dólares solo para la libertad”, indicó.

Precisó que uno de los llamadores pidió el 50% antes y la otra mitad al momento en que recuperara su libertad; otro habló de un adelanto a negociar y el resto al salir y el tercero ofreció pago total con la resolución en mano.

“La mejor propuesta que recibimos fue la de pagar con la resolución en mano. Mi hermano se negó rotundamente, él quiere demostrar que no hizo nada irregular y nosotros le apoyamos en eso. Además, ni siquiera conocemos a esa gente que llama. Ellos dicen que son abogados, pero no sabemos, no los conocemos”, explicó.

Para salir “confesó” lo que no hizo

Él fue detenido a semanas de cumplir 19 años por un delito contra el patrimonio, muy mediatizado. Según su versión, ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, pero fue involucrado debido a que se lo ve en un video de circuito cerrado de la zona.

La explicación del joven es que la filmación que motivó su procesamiento no corresponde al lugar donde se registró el hecho por el cual fue procesado, sino al momento en que se retiraba con un amigo, al que había apartado de una gresca callejera que tuvo lugar a unas cuadras de ahí, frente a un local bailable, casi 2 horas después.

¿Que más da? A esta altura del proceso, lo que pasó ya no tiene importancia. Al parecer, nunca importó, pues ni la fiscalía ni los dos abogados particulares que tuvo se preocuparon de pedir los videos de circuito cerrado de la zona, para cotejar las imágenes. El joven no fue reconocido por la víctima ni detenido en flagrancia, sino que se presentó dos días después, luego de que la Policía fuera a su casa para advertir que lo estaban buscando. Lo involucra únicamente un reporte policial que dice que “según averiguaciones”, él estuvo ahí. Un antecedente por perturbación de la paz pública, por incidentes luego de un partido, complicó la situación.

Tras 1 año en prisión, optó por confesar lo que no hizo, con la expectativa de recuperar su libertad, previa imposición de una pena reducida. En la etapa final del proceso tomó el caso un defensor público que en el poco tiempo que le tocó intervenir hizo más que sus antecesores.

“Nosotros nos resignamos porque no tenemos opción y lo único que queremos es que salga; no nos importa más nada”, explicó la madre, agotada anímica y económicamente.

A la madre le queda el consuelo del relato de una vecina, testigo ocasional del hecho: “Tu hijo no hizo nada, yo vi todo. Él no estuvo ahí”.

Pese a los pedidos de los familiares, la mujer, jamás contactada por la fiscalía, se excusó de declarar porque “no quería problemas”, seguramente con los verdaderos autores.

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